El Peso Ciudadano y la Cultura de la Protesta

Jorge Pacheco. Periodista. Becario BHP Billiton

Tras las movilizaciones realizadas por vecinos de Pelequén, en la Región de O´Higgins, en reclamo por los hedores emanados de la planta de acopio de desechos orgánicos “Colhue”, la firma responsable de ese pestilente centro anunció el fin de las operaciones. Ello, luego que la autoridad sanitaria impusiera la paralización de las operaciones por 90 días.

Se trata de una victoria ciudadana que tiene gran valor y que anima a cuestionarse cuáles son los alcances de una acción de la sociedad civil. Es aquí donde lo bueno se transforma en preocupante y hay que disparar a los administradores del Estado, los Gobiernos.

¿Por qué la autoridad actúa solo cuando los pobladores logran atraer la atención pública? ¿dónde estaban los representantes democráticamente electos para fiscalizar y canalizar las demandas de sus electores? ¿cuál era el estado de operación de la planta para que sus dueños determinaran que era más rentable cerrar a resolver los problemas?

La lógica de la protesta y la alteración del orden público es una respuesta a la inoperancia de las instituciones de un estado democrático. Por un lado, las autoridades que de oficio tienen las facultades para fiscalizar y garantizar el funcionamiento del mundo privado conforme al marco legal, no cumple. Por otro lado, los canales que la democracia contempla no funcionan, es decir, concejales, parlamentarios y Cores, son incapaces de recoger y canalizar el clamor popular objetivo.

Así, la lógica de una sociedad mediatizada, donde la agenda pública que los medios de comunicación contienen determina lo importante, lo urgente y lo atendible. Es en este marco donde la protesta se transforma en instrumento de participación legítimo y eficaz. Ello, porque en la medida que más impacto genera –daños, nivel de violencia o público afectado- más exposición en los medios tiene y sus demandas son atendidas por las autoridades (no necesariamente resueltas).

Es la dinámica de la protesta la que operó en el desastre ambiental del río cruces, en Valdivia, o la que se aplica a las movilizaciones estudiantiles. Asimismo, es probable que sea el camino que sigan las localidades de Laja y Nacimiento, que han soportado por décadas los olores nauseabundos que expelen las plantas de celulosa que CMPC mantiene.

Aunque las críticas que se vierten en esta columna apuntan a la coyuntura de esta administración, ello no es más que circunstancial. Esto, porque el desprecio por la ciudadanía, la anulación de la sociedad civil organizada y la instrumentalización de los gremios, tiene una historia que traspasa la actual administración. Así, por años los extensos vínculos entre los Gobiernos concertacioncitas y los líderes ciudadanos (sindicatos, gremios, juntas vecinales, colectivos varios) fueron estrechos y sirvieron para limitar la autonomía y regular las demandas de estas agrupaciones.

Lo que hoy sucede en Chile es la consecuencia de años de una ciudadanía manipulada, presa de los intereses políticos. Son personas que se levantan sin padrinos ni respaldos institucionales, sino con la bandera del descontento, la rabia y el reclamo por hechos concretos que exigen soluciones reales.