El 9 de octubre de 2014 entró en vigencia la Ley 20.720, conocida como Ley de Insolvencia y Reemprendimiento. A seis años, actualmente está radicado en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados un proyecto que tiene por objetivo modernizar el texto legal.

El Superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, Hugo Sánchez, destacó que “ya tenemos más de 28 mil procedimientos a través de los cuales las empresas y también las personas naturales han podido hacer frente a la situación de insolvencia, reestructurar sus pasivos y sus deudas de manera efectiva, o han accedido a una liquidación, en aquellos casos donde no hay viabilidad”.

Por su parte, el coordinador regional de la Superir, Javier Ramos, comentó que “nuestras cifras indican que está existiendo un mayor conocimiento de las herramientas para hacer frente a un sobreendeudamiento o situación económica compleja. Además, en el caso de la Renegociación, permite que una persona que ingresa siendo moroso, egrese siendo un deudor al día, y para los acreedores, resulta importante el recupero de sus acreencias sin necesidad de recurrir al sistema judicial ni a los costos asociados a estos, lo que se traduce en un procedimiento equilibrado y beneficioso para ambas partes”.

En la Región del Biobío, en seis años se han iniciado 281 renegociaciones y 2.008 liquidaciones de personas naturales. En cuanto a los procedimientos para empresas, el balance es de 14 reorganizaciones y 572 liquidaciones.

El coordinador regional hizo un llamado a que las personas “si están ahora con problemas de liquidez o están anticipando que podrían tener semanas complejas en lo económico, no esperen llegar a una insolvencia profunda y pidan asistencia a la Superir”.

En cuanto a las modificaciones a la Ley 20.720 que se discuten actualmente en la Comisión de Economía de la Cámara, Hugo Sánchez expresó que “si bien la normativa ha demostrado ser una ayuda real para personas y empresas en situación de insolvencia, existen espacios para hacerle ajustes, especialmente considerando que la actual ley no consideró las características especiales de empresas de menor tamaño y personas, además de los efectos del escenario económico producto de la pandemia, donde necesitan de procedimientos más expeditos y menos costosos para sortear una insolvencia”.

Agregó que, “hemos trabajado en conjunto con el Ministerio de Economía la propuesta de modificación de la Ley que hoy está en trámite legislativo, que busca modernizar la norma 20.720, pero por sobre todo crear procedimientos simplificados, de bajo costo y de facilidad de acceso fundamentalmente para nuestras empresas de menor tamaño, que son el alma de nuestra clase media y la principal fuente de empleos y el motor de las regiones”.