Esta mañana, Amnistía Internacional dio a conocer el informe “Ojos sobre Chile: violencia policial y responsabilidad de mando durante el estallido social”, en el que plantean la necesidad de que los altos mandos de Carabineros, como el General Director Mario Rozas, el Subdirector, Diego Olate; y el Director de Orden y Seguridad, Ricardo Yáñez; además de mandos operativos de la Zona Metropolitana, sean investigados por su posible responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos cometidas a partir del 18 de octubre en el contexto del “estallido social”.

El documento es el resultado de un trabajo de análisis del actuar de funcionarios policiales entre el 18 de octubre y 30 de noviembre de 2019 y concluye que “se cometieron graves violaciones de derechos humanos, incluyendo el derecho a la integridad personal de las y los manifestantes de manera generalizada, debido a que los mandos estratégicos no tomaron todas las medidas necesarias para prevenirlas”.

Desde la ONG indicaron que si bien dicho corte temporal se realizó por razones metodológicas, se siguieron registrando casos de uso excesivo de la fuerza policial hasta mediados de marzo de 2020, antes de la llegada del Covid-19. Lamentaron que en las últimas semanas continúen registrándose  episodios de violencia policial, como el caso del joven de 16 años que cayó de un puente tras ser empujado por un carabinero.

La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara, se refirió a los principales aspectos de este informe. “Los mandos estratégicos de Carabineros permitieron la comisión de actos de tortura y malos tratos en contra de manifestantes por considerarlo un mal necesario para lograr dispersarles a toda costa. A través de órdenes tácitas u omisiones deliberadas, propiciaron casos tan graves como el de Gustavo Gatica o el de Fabiola Campillai, entre muchos otros”, señaló.

“Lejos de ser hechos aislados cometidos por funcionarios actuando por cuenta propia, los actos de violencia se habrían cometido en base a una política cuyo fin último era desalentar la protesta social”, sostiene el documento.

Según lo planteado en el informe, los altos mandos habrían sabido de las violaciones de derechos humanos a través de información pública y oficial. Por ejemplo, reportes internos informaron de las reiteradas y graves lesiones causadas a diario con la munición disparada con escopetas, o con bombas lacrimógenas, entre ellas trauma ocular, cuya cifra ascendió a 347 casos hasta el 30 de noviembre. A marzo de 2020, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos, esta cifra ascendía a 460.

Pese a lo anterior, demoraron un mes en limitar el uso de la munición y nunca llegaron a prohibirla.

Erika Guevara recordó que la cantidad de lesiones oculares registradas en Chile no tiene comparación a nivel internacional, siendo mayor incluso a las ocurridas en zonas de conflicto.

Asimismo, durante el periodo analizado, prácticamente no se registraron sanciones disciplinarias, a pesar de que había más de 4.000 denuncias ante la Fiscalía en contra de oficiales de Carabineros. De las 170 sanciones anunciadas por la institución en julio, sólo 16 suponían la remoción del puesto.

Desde Amnistía Internacional también indicaron que “el uso excesivo de la fuerza y la impunidad al interior de la institución por violaciones de derechos humanos cometidas por Carabineros no son exclusivas de los hechos acontecidos desde octubre del 2019, sino que son parte de un patrón histórico que pone en evidencia la necesidad de reformar estructural y profundamente la institución, incluyendo mecanismos eficaces e independientes para el control y la rendición de cuentas”.

La directora de la ONG en Chile, Ana Piquer, profundizó en los principales aspectos que debe considerar una reforma estructural a la policía uniformada.

Las representantes de Amnistía Internacional plantearon que en Chile existen mecanismos de justicia garantizados para la persecución, investigación y condena de quienes cometan violaciones a los derechos humanos. Además, manifestaron que es necesario “deslindar todas las responsabilidades políticas, administrativas e incluso penales, hasta el máximo nivel, de todas aquellas personas que en su posición de garantes conocían o debieron conocer la magnitud de las violaciones de derechos humanos y no las evitaron”, esto porque a su juicio, “la política que los mandos estratégicos de Carabineros llevaron a cabo no podría haberse dado si la administración del presidente Sebastián Piñera hubiera ejercido un control adecuado”.

“La Fiscalía Nacional y el Poder Judicial tienen una labor titánica por delante, pero crucial para el bienestar del país: terminar con la tradición de impunidad de las violaciones de derechos humanos cometidas por Carabineros. La justicia, la verdad y la reparación a las víctimas es el mejor remedio para un país herido”, afirmó Erika Guevara.

Para elaborar este informe, la ONG investigó las violaciones del derecho a la vida y la integridad personal de doce personas, a través de carpetas de investigación, expedientes judiciales, entrevistas con víctimas, defensoras y defensores de derechos humanos y autoridades, entre ellas, fiscales a cargo de las investigaciones. Además, se analizaron más de 200 piezas videográficas y se presentaron catorce solicitudes formales de información a distintos ministerios, incluido Interior.

El documento “Ojos sobre Chile” de Amnistía Internacional está disponible en este enlace