Por 105 votos a favor, 18 en contra y 26 abstenciones, la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la idea de legislar el llamado “Impuesto a los súper ricos”. La propuesta volverá a la Comisión de Constitución para un segundo informe, donde se abordará el detalle del articulado.

La reforma constitucional busca establecer, por única vez, un impuesto al patrimonio de determinadas personas naturales y aumento transitorio de la tasa del Impuesto de Primera Categoría para las mega empresas, con el objetivo de “procurar una alternativa de financiamiento para una renta básica de emergencia por la vía de establecer, de manera transitoria, una mayor carga impositiva a quienes son calificados como los más ricos de nuestro país”.

De acuerdo con esta normativa, se gravará el patrimonio neto de aquellas personas naturales que, al 31 de diciembre de 2020, tengan domicilio o residencia en Chile y cuya valoración sea superior al equivalente, en pesos chilenos, de 22 millones de dólares americanos.

El proyecto establece la forma para efectuar la valoración del patrimonio neto, que se entenderá como la totalidad de los bienes, derechos, valores y/o beneficios que conforman su activo, ubicados en Chile o el exterior, deducidas las deudas u obligaciones fehacientemente acreditadas, contraídas para su adquisición y excluido el valor del inmueble que sirva de casa habitación.

En cuanto a la fecha de pago, se señala que el impuesto se devengará cuando sea publicada esta reforma constitucional y deberá ser declarado y pagado dentro de los 60 días corridos contados desde ese momento. Además, agrega que no será deducible, acreditable ni compensarse contra otros impuestos y establece sanciones a las declaraciones maliciosamente incompletas o falsas que puedan inducir a la liquidación de un impuesto inferior al correspondiente.

Aumento transitorio del Impuesto de Primera Categoría

Por otro lado, la propuesta incorpora un aumento transitorio, que llegará a un 30%, de la tasa del Impuesto de Primera Categoría para mega empresas, consideradas como tal aquellas cuyo promedio de ingresos brutos, percibidos o devengados del giro sea superior a 1.000.000 de UF, considerando los tres ejercicios anteriores a la fecha de publicación de esta reforma.

Para los contribuyentes a quienes se aplique este aumento transitorio se les aumentará proporcionalmente la tasa de pagos provisionales mensuales que, según la Ley sobre Impuesto a la Renta, les corresponde pagar en los ejercicios 2021 y 2022.

Además, el proyecto señala que, en este mismo periodo, se terminarán con beneficios tributarios establecidos en la ley sobre Impuesto a la Renta y la exención de impuestos que beneficia a los retiros de los Fondos de Inversión Privado.

Finalmente, la norma establece que se deberá rendir cuenta a la Cámara respecto del rendimiento, recaudación y administración de estos impuestos y el cumplimiento de su finalidad, exponiendo los planes de entrega y financiamiento a las familias beneficiadas. Dicha cuenta tendría un carácter público y estaría sujeta a la fiscalización de la Contraloría General de la República.

Nueva discusión sobre inconstitucionalidad

Los parlamentarios de oposición, principales impulsores del proyecto, plantearon que es una medida de justicia social y tributaria en un país con marcada desigualdad social. En este plano, se remarcó que las familias más ricas de Chile vieron incrementar su patrimonio en un 73% durante la pandemia, mientras 2,3 millones de connacionales dejaron de estar calificados como clase media y pasaron a engrosar las cifras de los más pobres del país.

Respecto de la forma, defendieron la vía usada para tramitar el texto, por medio de artículos transitorios a la Carta Fundamental, tal como ha sido con otros temas abordados por el Congreso Nacional, como es el retiro de fondos previsionales.

Legisladores de Chile Vamos refutaron con energía la iniciativa, calificándola de inconstitucional y señalando que se usaba el dolor y las expectativas de la gente para un desquite de quienes han ganado su patrimonio legítimamente. Otras posturas remarcaron la importancia de no afectar la inversión en el país con este tipo de propuestas legislativas.

No obstante, algunos representantes del oficialismo llamaron al Gobierno a hacerse parte de esta iniciativa para salvar cualquier objeción de constitucionalidad.