En el invierno de 2019, un proyecto de ley impulsado por las diputadas comunistas Camila Vallejo y Karol Cariola se tomó el debate público: la reducción de la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales.

La iniciativa planteaba en su fundamentación que “la jornada de trabajo de un máximo de 45 horas semanales no permite a los trabajadores desarrollar una vida familiar o disponer de tiempo libre para educarse o entretenerse de una manera que no implique someterse a la precariedad del descanso y a las variadas formas de embrutecimiento que rigen la vida actual”.

La rebaja estaría en la línea de otros países de la OCDE, como Holanda, Dinamarca, Alemania, Suiza y Suecia, con jornadas que fluctúan entre las 29 y las 36 horas semanales y con mayores niveles de productividad. Además, permitiría iniciar el debate respecto del “valor del trabajo”.

Estos argumentos, junto con la necesidad de mejorar la calidad de vida de los trabajadores, eran los factores relevantes en el apoyo de la parlamentaria a la propuesta.

Presentada formalmente en 2017, la iniciativa tardó casi dos años en discutirse en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputadas pese a contar con un amplio respaldo en las encuestas de la época y ante la oposición del gobierno de turno, que representado por el entonces ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, intentó levantar un proyecto paralelo enfocado en la flexibilidad laboral y deslizando la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional en caso de que la propuesta del Congreso avanzara.

Incluso, el secretario de estado recurrió a curiosos argumentos para manifestar su rechazo a la propuesta.

En medio del estallido social, la iniciativa fue finalmente aprobada por la Sala de la Cámara Baja, avanzando hacia la Comisión de Trabajo del Senado, donde se mantiene hasta hoy sin avances. En septiembre de 2021, la entonces diputada Vallejo lideró una campaña ciudadana y en redes sociales que buscaba presionar para la discusión del proyecto, sin resultados positivos.

En busca de «la mayor legitimidad social»

A casi tres años de esta discusión, hoy el escenario es distinto. El gobierno del Presidente Gabriel Boric ha declarado como prioritaria la reducción gradual de la jornada laboral a 40 horas semanales.

El subsecretario del Trabajo, Giorgio Boccardo, adelantó la “hoja de ruta” que desde la cartera han diseñado para abordar este proyecto, marcada por la creación de una mesa técnica y el diálogo con todos los actores involucrados, a fin de “presentar la propuesta más robusta”, que podría traducirse en una indicación sustitutiva ante el Congreso durante este año.

En este proceso, el trabajo prelegislativo será fundamental, sostuvo Boccardo, con el objetivo de que “el proyecto tenga la mayor legitimidad social”.

El diálogo con los distintos actores involucrados en este proyecto será clave, apuntó el subsecretario, para “despejar todo tipo de temores”. Ante la posibilidad de incorporar factores como la flexibilidad laboral u otros, Boccardo señaló que “no descartamos abordar ninguno de los temas que las propias actorías nos planteen”.

Para la presidenta provincial de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en Concepción, Paola Zúñiga, con la actual jornada de 45 horas semanales “estamos viviendo para trabajar y no trabajando para vivir” y manifestó que como agrupación están “a la espera” del proyecto que presente el Ejecutivo.

En la misma línea, Luis Llaulen, integrante del directorio de la Coordinadora de Sindicatos del Comercio y Servicios Financieros y vicepresidente de la CUT Provincia Cordillera, relevó la importancia de la vida familiar y el ocio como “otra cosa que no sea sólo producir” y planteó que es necesario conversar aspectos como el tiempo de colación o la situación de los trabajadores por comisión.

Fuera del debate político, ya hay empresas que tomaron la decisión de acortar la jornada laboral. Scotiabank anunció la rebaja de 42 a 39 horas semanales, de manera pionera en la banca y de la mano de un modelo laboral “híbrido y flexible”, que combina presencialidad y trabajo remoto.

Sin embargo, desde algunos sectores preocupa el efecto que estas medidas puedan tener sobre la productividad.

Álvaro Ananías, presidente de la Cámara de la Producción y del Comercio Biobío (CPC), manifestó que la reducción de la jornada laboral, sumada al eventual aumento en las cotizaciones previsionales de cargo del empleador, generarían un alza de costos cercana al 20%. Por este motivo, afirmó, es necesario que el proceso se revise en detalle y con criterios de gradualidad.

El dirigente empresarial agregó que “la reducción de la jornada laboral debe ir acompañada de una mejora en la productividad para poder seguir siendo competitivos”.

Una visión similar planteó Juan José Besa, secretario general y director nacional de la Asech (Asociación de Emprendedores de Chile), quien expuso que los cambios propuestos en campaña por el Presidente Boric, como el aumento del salario mínimo y la reducción de la jornada laboral, “pegan directo al corazón de las Mipymes”. Ante esta situación, indicó que es necesario “revisar y cuantificar” el impacto de las medidas.

Mejora de la salud mental y calidad de vida

El impacto de la pandemia de Covid-19, los dos años de aislamiento y teletrabajo y la complicada adaptación a la presencialidad parecen evidenciar con más fuerza la necesidad de medidas que apunten a mejorar la calidad de vida de trabajadoras y trabajadores.

Para Mauricio Garrido, académico del Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales UdeC y especialista en psicología del trabajo y de las organizaciones, una reducción “va en la dirección correcta para el bienestar de los trabajadores y de sus familias”.

Además, sostuvo que pese a las preocupaciones, una medida de este tipo, bien implementada, podría ser sostenible en el tiempo, recordando que la jornada laboral en Chile se redujo anteriormente de 48 a 45 horas semanales, sin generar efectos negativos.

Finalmente, el investigador UdeC profundizó la importancia de que las organizaciones contemplen, junto a la conciliación trabajo-familia, “que las personas requieren condiciones para recuperarse. El trabajo lleva una carga de energía importante y una jornada laboral más reducida genera las oportunidades para que las personas se puedan recuperar fuera del ambiente laboral para enfrentar así los desafíos que tienen en el día a día”.