El martes 6 de mayo, en el Palacio de La Moneda se concretó la entrega del informe final al Presidente Gabriel Boric, por parte de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, organismo transversal creado en junio de 2023, que tuvo el mandato de proponer las bases de una solución de largo plazo a la problemática territorial en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, luego de que la instancia alcanzara un acuerdo histórico y transversal refrendado por 7 de sus 8 integrantes. El informe estaba compuesto por 21 recomendaciones, segmentadas en 5 ejes: justicia y reconocimiento, reparación a las víctimas, restitución de tierras, desarrollo territorial y garantías para la implementación de las medidas.
Sobre el trabajo desarrollado por la comisión, el abogado Jorge Aillapán Quinteros mencionó que es “una excelente medida, se nota que hay interés y trabajo en la propuesta que se hace, hay un diseño que se ofrece, una estructura operativa, pero en el contexto en que se inserta llama la atención la importancia que se le brinda versus el contexto que trataba el tema territorial mapuche”.
En esa línea y en lo relativo a la propuesta de modificar el sistema actual de restitución de tierras, el especialista en Derecho Indígena mencionó que hoy en día “es la Conadi la responsable de gestionar esto y se le acusa de una dilación bastante importante”.
Dos semanas después de recibir el documento elaborado por la Comisión, el Presidente Boric informó, a través de una cadena nacional, seis anuncios para avanzar en justicia, equidad, reconocimiento y desarrollo en las cuatro regiones contempladas por la Comisión, a través de las siguientes medidas: nuevo sistema de tierras indígenas, reparación integral a víctimas, reconocimiento constitucional, nueva institucionalidad indígena, plan de reactivación económica y fortalecimiento de Conadi.
Según el Doctor en Derecho, “son anuncios relevantes, pero puestos en perspectiva, no son más que una película repetida o un argumento ya visto. Se renueva una verdad histórica que ya existía con el informe de la comisión del año 2003, que se publicó en 2008, donde se establece que el Estado tiene una deuda”.
En relación a la factibilidad de que las medidas se concreten, el abogado indicó que “políticamente, en el contexto actual, no hay mucha viabilidad para estas propuestas, porque siempre va a estar sobre la mesa el aspecto económico”.
El abogado, que fue asesor en los procesos constituyentes de 2016-2017 y 2021-2022, sumó lo que califica como “el problema de fondo”, es decir, que “solamente se están considerando las tierras que han sido tituladas y es sabido, porque existe una verdad histórica previa, que la mayoría de las tierras que son reclamadas no fueron tituladas, y eso no son inventos, entonces, si el Estado le cierra la posibilidad a las comunidades mapuche de reclamar aquellas tierras, posiblemente no va a haber solución pronto”.
Además, se refirió a lo difícil que es abordar la violencia vinculada, argumentando que “el objetivo de esta Comisión atendía a un conflicto que subyace, pero si los actores que están vinculados a este conflicto, las personas consideradas violentistas no participan de esto, no se ve de qué manera se podría llegar a una solución”.
Sobre acciones que permitirían dar una salida al conflicto, Aillapán expuso que “en el contexto del proceso constituyente 2021-2022 se tendía a eso, pero se consideró que era una propuesta indigenista, se exageró eso, no era tan así, y sí servía como punto de base para poder reencontrarse”, exponiendo que para avanzar “habría que definir cómo el Estado se hizo de esas tierras, porque en términos jurídicos nunca existió una respuesta frente a eso”.
Según el informe de la Comisión, en términos históricos, el total de tierras adquiridas entre 1993 y 2024 por el Estado de Chile mediante la Ley Indígena asciende a una cifra de 230.563 hectáreas, distribuidas entre las diversas comunidades mapuche beneficiarias en las cuatro regiones. Estas adquisiciones han permitido responder parcialmente a las solicitudes presentadas, aunque no han logrado satisfacer la totalidad de la demanda acumulada de reparación en tierras.
Para enfrentar esta situación, la Comisión propone establecer límites temporales a la creación de comunidades y un porcentaje máximo de aumento de familias. Asimismo, se sugiere un fondo máximo para abordar la demanda futura. Finalmente, se proponen criterios objetivos y acotados para abordar la demanda de tierras en zonas de colonización temprana.
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