Con la participación de autoridades locales, expertos legales y representantes del mundo municipal, se desarrolló en Concepción el primer Simposio Regional de Integridad y Plantas Municipales.
El encuentro, organizado por la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), el Gobierno Regional del Biobío y la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile (Agorechi), abordó los impactos de la Ley de Delitos Económicos y Ambientales en el sector público y la urgencia de implementar mecanismos de compliance para prevenir actos de corrupción.
Durante la jornada, se desarrollaron tres módulos que analizaron la implementación de la ley sobre plantas municipales, los modelos de prevención de delitos y el rol de las auditorías externas en la gestión municipal.
La alcaldesa (s) de Concepción, Sintia Leyton, y el gobernador regional del Biobío, Sergio Giacaman, dieron la bienvenida a los asistentes, junto al contralor regional, Víctor Henríquez, y especialistas en gestión pública.
“Creo que estos espacios permiten el conocimiento de la Ley de Delitos Económicos, la implementación de ésta y robustecer la capacidad del Estado en sus municipios y gobiernos regionales para actuar de la mejor manera posible y, actuando bien, hacerse cargo de las necesidades de la ciudadanía”, sostuvo Giacaman.
En el primer módulo, titulado «Desafíos de Implementación de la Ley N° 20.922 de Plantas Municipales», expusieron Náyade Aguirre (presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios de los Gobiernos Regionales, Fenafgore), Cristian Martínez (director de Finanzas del municipio de La Reina), y César Rojas (director del Centro de Gestión y Liderazgo Amuch), quienes destacaron la importancia de avanzar en procesos más transparentes, ordenados y con enfoque en cumplimiento normativo.
José Manuel Palacios, alcalde de la comuna de La Reina y presidente de Amuch, expresó que la actividad “pretende dar herramientas a todos los municipios y funcionarios de municipios, y otras instituciones, para poder enfrentar de mejor manera estos cambios normativos que son tan importantes para estar al nivel de lo que la ciudadanía está pidiendo en materia de probidad y transparencia”.
El alcalde reafirmó que “nosotros creemos que el funcionario público no es una persona corrupta” y que situaciones como las dadas a conocer por la Contraloría en torno a las licencias médicas, “son una oportunidad de mejorar y corregir el rumbo”.
La instancia concluyó con un llamado a fortalecer la colaboración entre municipios, organismos fiscalizadores y actores técnicos para consolidar una gestión pública más ética, eficiente y alineada con los desafíos actuales.
