A raíz de la reciente publicación de la Ley de Fraccionamiento, que reduce la participación del sector industrial en las cuotas de pesca, la Central de Trabajadores de Chile (CTCH), junto a los sindicatos que agrupan al personal embarcado y a las plantas de proceso de la Región del Biobío, presentaron una reclamación ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), amparados en lo establecido en el artículo 24 de su Constitución.
Los dirigentes acusan que el Estado, a través del Poder Legislativo, resolvió un traspaso sustantivo de cuotas de captura desde el sector industrial sin establecer mecanismos de compensación para los trabajadores y trabajadoras afectados. A ello se suma que, durante el debate legislativo, diversos parlamentarios emitieron declaraciones discriminatorias hacia quienes se desempeñan en la industria pesquera, lo que refuerza los fundamentos de la denuncia ante la OIT.
Eric Riffo, presidente del Sindicato de Oficiales de Máquinas, planteó que “esta medida deteriora la posibilidad de avanzar en procesos de negociación colectiva, limita el crecimiento de la formalidad laboral y, sobre todo, reduce significativamente las remuneraciones”, debido a que una parte importante del ingreso mensual que paga la industria “está compuesto por bonos asociados a la captura y al procesamiento del recurso”.
Los dirigentes advierten que, en el contexto de la tramitación de una nueva Ley de Pesca y de ser aprobada en los términos propuestos, podría significar el cierre definitivo de varias empresas del sector, con la consecuente pérdida de miles de empleos formales en todo el país.
Esta reclamación se fundamenta en la vulneración de derechos establecidos en convenios debidamente aprobados y ratificados por el Estado de Chile, y fue presentada con el respaldo de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF), sección de Pesca.
