En entrevista con Nuestra Pauta, el seremi de Justicia y Derechos Humanos se refirió al Día de la Reinserción Social, fecha instaurada en honor al legado de Nelson Mandela, quien pasó 27 años en prisión antes de liderar la reconciliación en Sudáfrica.

En términos prácticos, la reinserción social significa que alguien que cometió un delito logra cambiar su conducta y reingresar a la vida en comunidad de forma respetuosa de la ley. Es decir, la persona se integra nuevamente a la sociedad sin transgredir los derechos de los demás y ejerciendo plenamente sus propios derechos. En la práctica esto implica que, tras cumplir su pena (ya sea en prisión o mediante alguna medida alternativa), el individuo pueda trabajar, estudiar y convivir como un ciudadano más, evitando caer de nuevo en conductas delictivas.

En la Región del Biobío, la Seremi de Justicia y Derechos Humanos junto a Gendarmería de Chile implementan diversas acciones concretas para fomentar la reinserción. Dentro de los recintos penales se desarrollan programas de intervención psicosocial, educacional y laboral: los internos reciben atención psicológica y social, pueden acceder a educación formal, capacitaciones en oficios, participar en talleres culturales, deportivos y de rehabilitación de adicciones, entre otros.

Gendarmería además opera los Centros de Educación y Trabajo (CET), donde las personas privadas de libertad realizan trabajos productivos y entrenan habilidades laborales, y mantiene Centros de Reinserción Social y Centros de Apoyo para la Integración Social destinados a quienes cumplen penas sustitutivas o están próximos a egresar, brindándoles acompañamiento en su reintegración.

Asimismo, existen convenios interinstitucionales para potenciar estas acciones: por ejemplo, alianzas con institutos técnicos (como Inacap y Virginio Gómez) y empresas privadas que ofrecen capacitación y cupos laborales a personas que están cumpliendo condena o liberadas. Un ejemplo es el Programa +R, mediante el cual se fomenta la vinculación a empresas para la formación y empleo de ex‐reclusos, incentivando la contratación de quienes egresan del sistema penal.

Todas estas medidas responden a un plan estratégico nacional orientado a la rehabilitación y disminución de la reincidencia. La administración actual ha dado continuidad y fortalecimiento a programas de reinserción. Por ejemplo, con el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil (que entró en vigencia en 2023) abocado específicamente a la reinserción de adolescentes infractores.

En la Cuenta Pública 2023, el Presidente Boric anunció explícitamente la expansión de los programas de reinserción social como parte de la política de seguridad pública, reflejando que existe una voluntad política y un plan gubernamental tras estas iniciativas.

Cifras de Reinserción

Durante los años 2024 y lo que va de 2025, más de ocho mil personas han accedido a oportunidades laborales tras su paso por el sistema penitenciario en la región del Biobío, considerando tanto el sistema cerrado como el sistema abierto en contexto de cumplimiento de condena. Sin embargo, si se observa exclusivamente el segmento postpenitenciario (es decir, personas que ya han egresado del sistema penal y que reciben apoyo en libertad para su reinserción), los números son más acotados, pero reveladores.

En 2024, el sistema postpenitenciario atendió a 291 personas, de las cuales 54 participaron en procesos de capacitación (42 hombres y 12 mujeres). A partir de esa intervención, se logró la colocación laboral formal de 38 personas: 32 hombres y 6 mujeres. En lo que va de 2025, se han atendido 144 personas en este segmento, sin que hasta el momento se hayan desarrollado instancias de capacitación formal, y con cuatro personas colocadas laboralmente (3 hombres y 1 mujer).

Estas cifras, si bien más modestas que las globales, permiten dimensionar el trabajo específico que se realiza con personas que ya han cumplido condena y se encuentran en proceso de reincorporación social plena. El sistema postpenitenciario opera muchas veces con menor visibilidad y con recursos más limitados, pero cumple un rol estratégico: es en esta etapa donde se juega buena parte de la sostenibilidad del proceso de reinserción, especialmente en lo que respecta al empleo, la desvinculación con redes delictuales y la recuperación del entorno familiar y comunitario.

En este marco, resulta fundamental reforzar la continuidad de las capacitaciones durante 2025, asegurar el enfoque de género en las estrategias de empleabilidad y consolidar las redes de intermediación laboral postpenitenciaria. La cifra total de personas colocadas laboralmente desde este sistema en el período analizado es de 42 personas, una base concreta sobre la cual proyectar un fortalecimiento institucional sostenido.

Fortalecer la reinserción social es considerado por expertos y autoridades como un camino clave para mitigar la sobrepoblación penitenciaria, porque ataca uno de los factores que más alimentan la saturación carcelaria: la reincidencia delictual. Estudios muestran que un porcentaje significativo de quienes salen de prisión vuelven a delinquir si no cuentan con apoyo, lo que genera un círculo vicioso de reingreso constante a las cárceles. Por ello, las políticas de reinserción – al lograr que más personas liberadas no vuelvan a cometer delitos – reducen la cantidad de ingresos futuros a los penales, aliviando la carga del sistema en el mediano y largo plazo.

Gendarmería de Chile enfatiza que la probabilidad de reincidencia es el indicador central para evaluar el éxito de sus programas de rehabilitación. Todos sus esfuerzos de reinserción (educación, trabajo, terapias) están orientados a que quienes egresan no regresen a la senda delictiva. En esta tarea, los Centros de Educación y Trabajo (CET) cumplen un rol clave. Chile cuenta con 58 CET a nivel nacional, espacios especialmente diseñados para favorecer la reinserción mediante trabajo remunerado, capacitación laboral y formación educativa. En la Región del Biobío destacan el CET de Punta de Parra, en Tomé, que ha fortalecido su estrategia comercial gracias a un convenio con el Instituto Profesional Virginio Gómez, y el CET de Cañete, con un proyecto agrícola en alianza con el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA).

Además, promover la reinserción permite la aplicación de penas sustitutivas (como la libertad vigilada, reclusión parcial, etc.) para delincuentes de baja peligrosidad, evitando su encarcelamiento innecesario y descongestionando aún más las prisiones. La reinserción social no solo es un imperativo ético y de seguridad, sino también una estrategia eficaz para reducir la saturación carcelaria, complementando otras medidas como la ampliación de infraestructura penal y contribuyendo directamente a la seguridad pública.

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