El Gobierno puso en marcha el plan “Por un 18 Seguro”, que busca garantizar que las familias disfruten de las celebraciones patrias con tranquilidad. Los ministerios de la Mujer y Equidad de Género y de Seguridad Pública subrayaron la importancia de prevenir hechos de violencia de género, advirtiendo que, si bien el consumo de alcohol o drogas aumenta los riesgos, estos no son causantes de la violencia contra las mujeres y en ningún caso eximen de responsabilidad.
Además, remarcaron la relevancia del consentimiento, recordando que “solo un sí es sí”, y el deber de proteger a niños, niñas y adolescentes en ambientes festivos.
Paulina Stuardo, seremi de Seguridad Pública, sostuvo que “estamos llamando a que todo Chile celebre, pero también se cuide”.
La autoridad reconoció que “en estas fiestas se profundizan los problemas por el consumo de alcohol y drogas”, motivo por el cual “el llamado es a que nos cuidemos y a que responsabilicemos a quienes cometan estos hechos delictivos y denunciando a través del *4242, Denuncia Seguro”.
La seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Camila Contreras, indicó que este trabajo está reforzado en la campaña “Una ley en nombre de todas”, dedicada a la promoción de la Ley Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
En este sentido, destacó el catálogo de derechos y garantías de las víctimas de violencia de género, documento que en los próximos meses estará en todos los recintos policiales del país para fortalecer la prevención, protección y atención de las víctimas en todo el territorio nacional.
Asimismo, la directora regional de SernamEG, Bárbara Monsalves, reforzó el llamado a la denuncia e indicó que el servicio continuará durante Fiestas Patrias operando con turnos de emergencia, “por lo que se continuarán derivando casos”.
Las autoridades reiteraron que la Ley Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, promulgada en 2024, reconoce nuevas formas de violencia —incluyendo la digital y la gineco-obstétrica— y establece medidas como la supervisión judicial de las cautelares, sanciones a la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, y la creación de un Sistema Integrado de Información para evitar la revictimización.
