Organizaciones de la pesca artesanal de distintas regiones y Oceana han dado a conocer distintas medidas para recuperar la merluza común, pesquería de importancia comercial y social que se encuentra en crisis desde hace más de una década y que no ha logrado salir del estado de sobreexplotación.
César Astete, director de pesquerías de Oceana Chile, profundizó en el complejo escenario del sector y afirmó que “desde hace al menos 12 años nuestra organización, en conjunto con la pesca artesanal, viene advirtiendo de los riesgos que vive hoy la merluza común”.
Las iniciativas que se proponen recogen los aportes de la pesca artesanal, el mundo científico, la sociedad civil y las discusiones que se han desarrollado en el Congreso, entre otros.
En primer lugar, una de las propuestas es extender el periodo de veda de la especie. Sectores de la pesca artesanal han planteado en los Comités de Manejo una extensión gradual y con enfoque regional, sugerencia que también ha sido levantada desde la sociedad civil y la academia.
Actualmente, la merluza entra en veda cada septiembre para proteger su peak reproductivo. Sin embargo, Astete explicó que “este proceso también se empieza a generar desde agosto (…) se tiene que hacer un esfuerzo adicional e incorporar días de agosto o de octubre a la veda, para que podamos tener una renovación un poco mayor de la que estamos teniendo”.
Una segunda medida tiene relación con el congelamiento de la huella de arrastre, es decir, que la flota industrial que captura merluza con pesca de arrastre de fondo no pueda expandirse a zonas que no han sido arrastradas.
La propuesta, indicó el representante de Oceana, tiene como referencia modelos internacionales, entendiendo que Chile, al ser la décima potencia mundial de la pesca, “siempre tiene que estar observando qué hacen sus competidores o cómo está la experiencia comparada”.
En tercer lugar, se propone proteger los caladeros artesanales de merluza común, debido a la baja disponibilidad de recursos en las zonas tradicionales de pesca, lo cual se ha generado principalmente por la interacción con la industria pesquera y su flota de arrastre.
Una cuarta medida se relaciona con la pesca ilegal, enfocando la mirada en toda la cadena de valor asociada a la merluza común, poniendo esfuerzos en el control y monitoreo de los intermediarios de primera venta, transporte, comercializadores y demanda.
“Una de las amenazas mayores que tiene la recuperación de la merluza común es que, ante la escasez, se empiezan a generar economías informales que terminan afectando de muy mala manera la recuperación de la merluza”, indicó el especialista.
Finalmente, se propone certificar la pesca desde su origen, tomando en cuenta lo aprobado en la ley de fraccionamiento, y que sea el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) que establezca una estrategia de flotas que deberían someterse a certificación según la zona geográfica, el perfil de riesgo o punto de desembarque.
El anhelo, recalcó, “es que en cada lugar en que desembarque una merluza, tengamos la certeza de que esa merluza es legal”.
Consultado por la posibilidad de que el conjunto de estas medidas puedan implementarse a través de la Subsecretaría de Pesca, Astete destacó que las propuestas sistematizan los esfuerzos de variados actores y que ya presentan distintos tipos de avance.
Junto con reafirmar que estas medidas “no tienen efectos negativos sobre el empleo” en una pesquería que es fuente de trabajo para más de tres mil personas de la zona centro sur, Astete planteó que “hemos tratado que todos los actores tengamos un mínimo de acuerdo de que necesitamos recuperar la merluza y que si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, vamos a tener los mismos resultados”.
“La recuperación en Chile es posible. Tenemos el ejemplo del jurel y ese ejemplo nos impone que este un desafío de todos los actores de la pesqueria y de quienes están involucrados en esta cadena de valor”, concluyó.
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