A través de una publicación en redes sociales, que contenía mapas que mostraba presencia del fuego y la simbología utilizada para describir a los grupos socioeconómicos, el Laboratorio Urbano (LabUrba) de la Universidad de Concepción informaba que “los desastres son expresión de las desigualdades sociales y materiales de los territorios”. Una discusión que se reactivó con los incendios que desde el sábado 17 de enero afectaron a ciudades como Penco, Tomé y Concepción.
La Dra. Xenia Fuster Farfán, directora del LabUrba, explicó que “cuando hablamos de desastre, hay territorios que son vulnerables por distintas dimensiones, como su localización o las actividades económicas que allí se realizan, y en el caso del Gran Concepción el predominio forestal afecta mucho. Somos vulnerables también por el ordenamiento territorial, estamos hablando de un sector que hace 20 años no recibe actualización en sus instrumentos de planificación, al igual que el Plan Metropolitano”.
De esta forma, al revisar lo ocurrido, la especialista en políticas urbano-habitacionales y periferias urbanas detalló que la principal afectación de los incendios ocurrió en sectores donde se concentra más población vulnerable, mientras que los grupos de mayores ingresos también resultaron dañados, aunque tienden a habitar en zonas menos densas.
“A pesar de lo desastroso, ojalá que sea una oportunidad para hacer las cosas diferentes, y ahora la pregunta es: cuál es el margen de transformación”, indicó la también investigadora del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (Cedeus).
Al ser consultada sobre sectores que están expuestos a distintos tipos de emergencias, la académica de la Faug UdeC expuso que “hay un elemento importante de los desastres: son políticos y eso es algo que no podemos desconocer”.
Desde el Laboratorio Urbano consideran que “la ausencia de vivienda adecuada acrecienta la vulnerabilidad frente a desastres”, por ello, la Dra. Fuster expuso que “la reconstrucción viene intensa, no sólo por la cantidad de viviendas que hay que construir, sino que va a tocar tomar decisiones difíciles como el desplazamiento que nos ha ocurrido en otros contextos, cuáles son los materiales y la densidad”.
La académica se refirió, además, al rol de los instrumentos de planificación territorial ante situaciones de riesgo, mencionando que “siempre les doy mucha relevancia, porque no podemos obviar la dimensión jurídica que tiene el territorio, es decir, lo que yo puedo o no puedo hacer, el límite”.
Por último, la académica recordó que las zonas siniestradas “se localizan en áreas donde predomina un uso de suelo forestal que colinda con áreas urbanas. Su proximidad a estas zonas pone en riesgo la infraestructura crítica, como establecimientos educacionales y centros de salud, imprescindibles para la seguridad de la población y la restitución de la vida cotidiana”.
Finalmente, la especialista indicó que “falta más planificación en términos de riesgo, tenemos un cuerpo institucional muy preparado para la emergencia, pero no necesariamente para la prevención y para pensar qué vamos a hacer en términos prácticos cuando esto suceda”.
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