Este miércoles se publicó en el Diario Oficial la Ley de Convivencia Escolar, iniciativa impulsada por el Colegio de Profesoras y Profesores tras las muertes de los docentes

Katherine Yoma (marzo 2024) y Albano Muñoz (junio 2024), lo que además desembocó en la primera paralización contra la violencia protagonizada por el gremio, en agosto de 2024.

El líder nacional del profesorado, Mario Aguilar, recordó que “en su momento dijimos que se necesitaba una ley para regular la convivencia escolar, para defender a las víctimas, darles mayor protección, contar con las herramientas para enfrentar el acoso y el maltrato que se produce dentro de las comunidades. Esto demuestra que hace tiempo venimos planteando esta situación”.

El líder gremial detalló que “esta ley entrega herramientas que no estaban en la legislación como, por ejemplo, el artículo Octavo Bis del Estatuto Docente será más robusto con las exigencias de protección a las condiciones de seguridad para las y los profesores y otros miembros de la comunidad escolar”.

Uno de los aspectos más controversiales de la nueva normativa es que permite la instalación de pórticos detectores de metales.

En concreto, el artículo 10 plantea que los sostenedores de los recintos educativos “podrán implementar recursos tecnológicos destinados a identificar o detectar armas, artefactos incendiarios u otros elementos similares que pongan en riesgo la vida o la integridad física de quienes integren la comunidad educativa y de quienes se encuentren en el establecimiento respectivo”.

Según se detalla, “lo anterior solo procederá cuando existan antecedentes fundados que justifiquen su utilización como una medida proporcional, necesaria e idónea para prevenir la comisión de delitos en el establecimiento”.

Al respecto, Jorge Barriga, presidente regional del Colegio de Profesores, indicó sobre la iniciativa que “podríamos evitar algunos incidentes, pero solución total no es, porque por más que sea ley, no tiene recursos económicos a priori”.

Al ser consultado sobre cuán probable es que el gremio se movilice a causa del complejo escenario de agresiones en los establecimientos, Barriga dijo que “siempre está la posibilidad (…) estamos alerta”.

El dirigente de los docentes en Biobío remató diciendo que “nos sentimos absolutamente desprotegidos”.

En el protocolo que establece la Ley de Convivencia Escolar se deberán considerar “mecanismos de respuesta y coordinación con las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública frente a la detección de armas, artefactos incendiarios u otros elementos similares”.

Asimismo, se refuerza la obligación de los establecimientos de contar con equipos de convivencia escolar, donde también se instruyen planes para promocionar la salud mental, prevención del suicidio y estrategias para resolver conflictos.