La comuna de Penco está en alerta, luego que la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) del Biobío, integrada por el delegado presidencial regional y diez seremis, aprobara de manera unánime el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de Desarrollo Minero de Extracción de Arcillas para Producción de Concentrado de Tierras Raras, iniciativa impulsada por Aclara y Grupo CAP.
El Dr. Óscar Reicher, especialista en derecho ambiental, indicó que “el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) es un procedimiento administrativo (…) siempre se ha cuestionado mucho, pese a ser un instrumento de gestión que está repartido en el planeta, no es un invento nuestro, comenzó en Estados Unidos y se fue ampliando a Europa y a otros lugares del mundo”.
Sobre el rol de la participación ciudadana en las decisiones del SEIA, el experto mencionó que “derechamente, peso vinculante no tiene, lo que sí tiene es que en un estudio de impacto se abren instancias en que las personas pueden formular sus observaciones”.
Uno de los temores de la ciudadanía es que la comuna se convierta en una zona de sacrificio, es decir, territorios donde el Estado permite la concentración de industrias altamente contaminantes cerca de zonas pobladas. El caso de Quintero-Puchuncaví, que históricamente ha presentado episodios críticos de intoxicación masiva y contaminación por dióxido de azufre y metales pesados, es un ejemplo.
Según el académico de Derecho UdeC, “el concepto de zona de sacrificio no está en la normativa, es social, se han hecho algunos estudios, pero no está reconocido formalmente en la legislación”.
En esa línea, y en lo que respecta a las medidas de mitigación que deben establecer en la fase de estudio de impacto ambiental, explicó que “el mismo titular del proyecto reconoce que va a estar generando algunos efectos y que son significativos, según algunos criterios que están en la misma normativa”. Entonces, el SEIA pide acciones.
Tras la luz verde, “tierras raras” tiene como detractores a la Municipalidad de Penco y a agrupaciones vecinales y ciudadanas, que han manifestado la intención de buscar instancias legales que les permitan frenar la iniciativa. Esto, ya que temen a los procesos químicos que conllevan riesgo de contaminación de napas subterráneas y alteración del ecosistema local.
Al respecto, el abogado indicó que “se abren diversos escenarios (…) el SEIA le dice a las personas que hicieron observaciones y que creen que no fueron debidamente consideradas, que pueden reclamar, y es probablemente lo que van a hacer”.
Al ser consultado sobre cuán preparado está el derecho ambiental chileno para abordar temáticas como la de tierras raras, considerando que instancias de ese tipo son calificados como recursos estratégicos para el desarrollo del país, el académico indicó que “se ha avanzado”, sobre todo en lo que se refiere a multas e institucionalidad.
Las tierras raras son un conjunto de 17 elementos que se emplean en áreas como la electromovilidad, las energías renovables y tecnologías limpias. La relevancia se relaciona a su uso en la fabricación de imanes para turbinas eólicas, baterías de vehículos eléctricos, dispositivos de almacenamiento de energía y componentes electrónicos de alta tecnología.
Actualmente, China es el principal productor a nivel mundial, representando más del 50% de la extracción y aproximadamente el 90% de su refinamiento y procesamiento global.
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Crédito foto: Diario Concepción.
