En Chile, varias personas han sido detenidas por presuntas amenazas contra el Presidente de la República publicadas en redes sociales o en conversaciones a través de aplicaciones de mensajería. En algunos casos, fue Meta, la empresa dueña de Facebook, Instagram y Whatsapp, quien alertó a la PDI.
En el último caso reportado, el Juzgado de Garantía de Chillán dejó en libertad, sin medidas cautelares, a una mujer de 22 años que la PDI había detenido por supuestas amenazas contra el Presidente José Antonio Kast. La Fiscalía pidió arraigo nacional y prohibición de acercarse al Mandatario, y el tribunal rechazó ambas solicitudes. El jefe de la Defensoría de Chillán sostuvo que el delito imputado no existe y cuestionó la legalidad del procedimiento.
En conversación con Nuestra Pauta, Cecilia Ananías Soto, directora de Proyectos de ONG Amaranta, recordó que en mayo de este año Meta anunció la desactivación de la encriptación de los mensajes directos en Instagram, por lo que invitó a descubrir otras aplicaciones de mensajería más seguras.
Ananías agregó que en la ONG han estado trabajando en la prevención de violencia en redes sociales, sin embargo, han debido sumar instancias para “aprender de otras plataformas y repensar cómo nos comunicamos” en internet.
En cuanto a las alternativas disponibles a las aplicaciones de Meta, la integrante de la ONG mencionó que, si bien no hay ninguna 100% segura, Signal y Telegram son parte de las recomendaciones.
Cecilia Ananías también señaló que muy pocas veces leemos los términos y condiciones del servicio de mensajería que utilizamos, por lo que sugirió revisarlos en detalle y, eventualmente, procesarlos con inteligencia artificial.
Cabe señalar que fue la propia compañía, ante la masividad que alcanzaron sus plataformas en los últimos años, la que se acercó a los países a efecto de poder hacer entrega de información cuando ellos reportan una situación que puede ser calificada como acto terrorista.
A raíz de esto, distintos actores políticos y sociales han manifestado su preocupación y la ONG Confianza Digital activó formalmente un requerimiento de acceso a información pública con el objetivo de transparentar los acuerdos, normativas y protocolos de trabajo conjunto que vinculan a Meta con las instituciones de persecución penal en Chile.
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