A mediados de marzo, Loreto Vidal sintió por primera vez la valentía para hablar de su cicatriz más profunda: el aborto que causó la muerte de su madre. Nada menos que frente a los ojos atentos de la Convención, mostró el coraje de quien no quiere que la historia se replique y la fuerza para recordar a las que ya no están.

La constituyente, quien es abogada y enfermera, tiene la cualidad de empatizar mucho y criticar poco, esa es la enseñanza que le dejó la vida y su formación en bioética, y que le permite entender las decisiones desde vivencias personales. 

 

Loreto y las feministas celebraron que el borrador de nueva Constitución incluyera un artículo que establece que el Estado va a garantizar las condiciones para la interrupción voluntaria del embarazo sin disponer fechas, ya que el Poder Legislativo sería el encargado de los detalles, a diferencia de la norma vigente que pone un plazo determinado. 

Aunque esa total autonomía para decidir es todavía un escenario ficticio, reabrió el debate para rebobinar y chequear qué pasó con la Ley N°21.030 y las tres causales permitidas desde 2017: peligro para la vida de la mujer, inviabilidad fetal de carácter letal y violación. 

Acto seguido, se instala el cuestionamiento sobre si Chile está preparado para legislar en favor del aborto libre.

 

Esa es la reflexión de la matrona Paula de Orúe, presidenta de la Sociedad Chilena de Salubridad (SOCHISAL) y académica de la Facultad de Medicina UdeC, ante el supuesto de dar el siguiente paso y dejar atrás las tres causales, poniendo el acento en el compromiso que tendría que adquirir y cumplir el Estado. 

Pero no es todo. Además de la polarización valórica, una realidad innegable es que el aborto -en cualquiera de sus formas- sigue generando dudas entre las y los profesionales que deben practicarlo. Muestra de ello es que en septiembre de 2021, de los 62 médicos obstetras contratados en los hospitales de Coronel, Concepción y Lota, seis eran objetores por riesgo de la vida de la mujer, 14 por inviabilidad fetal y 39 por violación. 

Las deudas que no logra saldar la ley

Las cifras del Minsal dan cuenta que, a nivel país, entre septiembre de 2017 y junio de 2019 hubo mil 117 casos de interrupción del embarazo amparados en alguna de las tres causales. 

¿Qué pasa si en un establecimiento el 100% de la dotación de profesionales declara objeción de conciencia individual? Hay un protocolo de derivación inmediata, y en caso de que no existan recintos con personal médico disponible dentro del mismo servicio de salud, la paciente debe ser derivada a un hospital de otro servicio cercano.

Para la abogada Lidia Casas, académica y directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, en Chile hay una gran debilidad en la “responsabilidad objetiva y administrativa que tiene un servicio público”. La experta en justicia de género lamenta que “los problemas de acceso son reales, las mujeres son trasladadas de una ciudad a otra, porque no hay profesionales disponibles”.

 

Durante los primeros 2 años de implementación de la ley de aborto en tres causales, se capacitaron mil 372 profesionales y se adquirió equipamiento, como ecógrafos de alta resolución, para seis hospitales, entre ellos, el Herminda Martin de Chillán y el Guillermo Grant Benavente de Concepción.

A pesar de eso, desde el Colegio Médico, el presidente del Consejo Regional, Dr. Germán Acuña, coincide en que “no tenemos condición hoy en el país para ofrecer el servicio en todas partes”.

 

La objeción de conciencia permite al personal que concurre a pabellón, abstenerse de participar en la interrupción del embarazo cuando se ha constituido alguna de las tres causales, siempre que esta negación se haya manifestado de manera previa y por escrito.

En ese punto, el líder gremial expone que en Biobío no han habido casos en que esa decisión no haya sido respetada, asegurando que “los números se manejan con reserva, sobre todo cuando hay información asociada a los tribunales”.

 

En esa arista, el médico Nicolás Saá, académico del departamento de Ciencias clínicas y preclínicas de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC), se suma al debate argumentando que “si considero que es contrario a mis principios tengo el derecho y el deber a no realizarlo”.

 

Aunque los datos recientes no han sido consolidados y difundidos a través de un informe del Minsal, Lidia Casas sostiene que la causal de violación es la que provoca más temor en obstetras, siendo la zona centro sur donde se registran los niveles más altos, “lo que impacta directamente en el acceso a un aborto seguro y legal bajo las hipótesis que establece la ley”.

Chile cuenta con Centros de Alto Riesgo Obstétrico de la Red Pública de Salud (ARO), responsables de otorgar prestaciones de acompañamiento en los hospitales de alta y mediana complejidad.

¿Cuán posible es transitar hacia el aborto libre?

La calle como mecanismo de presión ha incentivado periódicamente a miles de chilenas buscando que sus consignas tengan el eco que lograron las mujeres de Colombia, Argentina y México, países donde la interrupción voluntaria del embarazo está despenalizada en las primeras semanas de gestación.

Aunque ellas lo sienten como un legítimo derecho, el Dr. Saá proyecta que una hipotética aprobación del aborto libre se vería entrampada por un obstáculo ya conocido: el aumento de objetores.

Y si ocurriera todo lo contrario: ¿de qué forma un aborto por plazos podría instaurarse correctamente en el sistema de salud? La abogada Casas propone considerar la interrupción sin necesidad de hospitalización, debido a que las tecnologías permiten procedimientos medicalizados donde puede haber una forma distinta a la establecida en la ley, y al concretarlo tempranamente, se podría pensar en un procedimiento ambulatorio, bajo supervisión y con menos costo para las profesionales, pudiendo intervenir las matronas y matrones con un rol más protagónico. 

Si bien hay razones jurídicas, religiosas o bioéticas, hay quienes proponen que una regulación más estricta de la objeción de conciencia evitaría que en algunos recintos la salud reproductiva quedara en la cuerda floja. 

Así, se entrecruzan los límites entre los derechos de las mujeres y los de los médicos, desafiando la convivencia de dos posturas que, pese a las contradicciones, han tenido que aprender a convivir.

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