En compañía de representantes de las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos, la diputada María Candelaria Acevedo (PC) se reunió con el ministro en visita, Carlos Aldana, para conocer sobre las indagatorias efectuadas recientemente en un terreno cercano a Concepción luego de que un testimonio reservado diera cuenta de la presencia de osamentas humanas. Preliminarmente, se informó que los restos corresponderían a cinco cráneos.

El encuentro fue efectuado en la Corte de Apelaciones de Concepción a solicitud de la parlamentaria y el conjunto de familiares, quienes ven en el hallazgo la posibilidad de dar cierre a la desaparición de sus seres queridos durante la dictadura cívico-militar.

También, en la reunión fueron solicitados antecedentes respectivos a las 46 causas por derechos humanos lideradas por el ministro Aldana, quien, cabe recordar, se acogerá a retiro el próximo año.

Para la diputada Acevedo, la conversación fue «bastante productiva», dado que se informó a las agrupaciones que las osamentas corresponderían, según el relato del denunciante, a cinco cráneos que, durante las próximas semanas, deberán ser retirados y sometidos a pericias por un equipo del Servicio Médico Legal proveniente de la capital.

Por su parte, la integrante de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Concepción, Elizabeth Velásquez, manifestó que espera celeridad en las indagatorias, dado el permanente riesgo de remoción de las osamentas.

Consultada por el Plan Nacional de Búsqueda, la también integrante de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Hilda Espinoza, apuntó que a pesar de los reparos manifestados respecto de la propuesta inicial y de las aprehensiones que aún persisten en relación con algunos aspectos del rediseño trabajado colaborativamente con el Gobierno; la iniciativa será firmada este miércoles 30 de agosto por todas las organizaciones del país.

Por último, Espinoza llamó a sus conciudadanos a tener una mayor «voluntad» para aclarar la historia del país, reparar a sus víctimas y, en definitiva, establecer garantías para que la violencia política «no se vuelva a repetir».