Un urgente llamado al diálogo para alcanzar una solución política realizaron distintos sectores tras los enfrentamientos registrados en La Araucanía el último fin de semana, durante el desalojo de los municipios ocupados en apoyo a la huelga de hambre de once comuneros mapuche que se extiende por cerca de noventa días.
Las municipalidades de Curacautin, Victoria, Traiguen, Collipulli y Ercilla, tomadas desde la semana pasada, fueron desalojadas por la policía y por grupos de vecinos infringiendo las medidas sanitarias y el toque de queda, en un escenario que incluyó detenciones, golpes, insultos racistas, incendio de inmuebles públicos y quema de vehículos, además del ataque a una patrulla militar.
Desde el gobierno, el ministro Jaime Bellolio señaló que se trata de hechos «terriblemente preocupantes, muy violentos, que afectan principalmente a la comunidad y no permiten que pueda haber un progreso (…) La violencia, el racismo y la autotutela son completamente inaceptables en una democracia».
El vocero respondió además a quienes acusan de «provocación» al ministro del Interior Víctor Pérez, quien el viernes pasado, de visita en Temuco, afirmó que en Chile no hay presos políticos y llamó a las autoridades locales a proceder con los desalojos.
«Si un ministro del interior no puede ir a un lugar del país por amenaza de violencia, significa de nuevo que son esos grupos violentos los que impiden que pueda haber el imperio del derecho», afirmó Bellolio.
Luego de estos incidentes, desde la sociedad civil se ha insistido en la necesidad de retomar el diálogo en pos de una solución a un conflicto cuya violencia se ha acentuado en los últimos meses.
A través de una declaración pública firmada por su director, Sergio Micco, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), plantea que «el Estado de Chile no ha cumplido su deber de garantizar la paz, respetando los derechos humanos y condenando toda expresión de racismo (…) Reiteramos el llamado al diálogo por la paz y el reencuentro en todas las comunidades de La Araucanía”.
En tanto que la Defensoría de la Niñez manifestó su preocupación «por la persistente incapacidad del Estado de Chile de promover, proteger y garantizar los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes del pueblo mapuche, condenando, además, todo acto de racismo que atente directamente contra ellas y ellos, en tanto pertenecientes a ese pueblo indígena».
Patricia Muñoz, Defensora de la Niñez, insistió en que para avanzar efectivamente en soluciones, es necesaria una condena oficial a todos los tipos de violencia.
En tanto, para el werken del Consejo de Todas las Tierras y director del Foro Latinoamericano de Derechos Humanos, Aucan Huilcaman, se trata de actos de odio racial y violencia contra el pueblo mapuche, cuya responsabilidad radica directamente en el mensaje del ministro Pérez.
Huilcaman señaló que con este escalamiento del conflicto se busca ocultar la responsabilidad del Estado y los intereses particulares que autoridades y empresarios tendrían en este territorio.
Asi también, manifestó que espera que no se produzca una respuesta en el mismo tono por parte del pueblo mapuche, debido a que esto podría generar un «escenario desastroso» para la Araucanía.
A nivel político, los partidos respondieron de distinta manera a esta situación y a los desafíos que exige la crisis.
La UDI, a través de su presidenta Jacqueline Van Rysselberghe, calificó los hechos como «vandalismo puro» y señaló que «las personas honestas están cansadas de la violencia en La Araucanía y merecen vivir en paz, sin sentirse amenazadas por grupos de violentistas».
Desde la vereda opuesta, el Partido Socialista manifestó su preocupación por el actuar de civiles organizados, planteando como «inaceptable» que estas personas recurran «a la autotutela y a la violencia». Asimismo, exigieron al titular de Interior explicaciones por lo sucedido y al Estado chileno el cumplimiento de acuerdos internacionales.
Para el senador de Revolución Democrática e integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, Juan Ignacio Latorre, hay una responsabilidad política por parte del Ejecutivo, que se ha negado a dialogar con los comuneros en huelga de hambre. El parlamentario conversó con RFI -medio asociado a Radio Universidad de Concepción- y lamentó que se esté empoderando a «grupos reaccionarios» vinculados a la extrema derecha.
En la Región del Biobío, que ha visto en la provincia de Arauco un recrudecimiento de los hechos de violencia durante los últimos meses, el intendente Sergio Giacaman sostuvo que se está trabajando de manera coordinada con el gobernador provincial y los efectivos de seguridad en un monitoreo constante destinado a impedir que acontecimientos de este tipo se repliquen en la zona.