El borrador constitucional establece que “Chile es un Estado Regional, plurinacional e intercultural conformado por entidades territoriales autónomas, en un marco de equidad y solidaridad entre todas ellas, preservando la unidad e integridad del Estado”.

Sobre los principios que inspiran la propuesta, la Dra. Violeta Montero Barriga, directora de Creasur UdeC, expuso que aborda “el sentir de injusticia, producto de la excesiva centralización y de los efectos que genera en términos de que afecta el desarrollo territorial, la toma de decisiones de los actores locales y que no empodera, por tanto, a las personas tanto a nivel local, pero también a nivel provincial y regional”.

En relación a los elementos centrales del Estado Regional, destacó un “reordenamiento en la lógica de la autonomía, un traspaso de competencias mayor, y la idea de que las regiones tengan autonomía financiera, administrativa y eventualmente legislativa en algunas materias”.

El borrador elaborado propone, además, la incorporación de una Cámara de las Regiones, en reemplazo del Senado, la que se describe como “un órgano deliberativo, paritario y plurinacional de representación regional encargado de concurrir a la formación de las leyes de acuerdo regional y de ejercer las demás facultades encomendadas por esta Constitución”.

Al respecto, la académica del Magíster en Política y Gobierno argumenta que “el problema que se suscitaba, y que es algo que hay que seguir revisando, es cuáles van a ser las potestades o atribuciones que va a tener este órgano regional”.

Montero planteó que, desde su punto de vista, hay dos críticas centrales que rondan el Estado Regional, aludiendo a la “posibilidad fragmentación y más inequidad territorial”.

En esa línea, la directora de Creasur UdeC expuso que -en términos generales- la propuesta de la Convención es satisfactoria, pero de todos modos se debe poner atención a aspectos como la capacidad de los territorios de generar deudas y los deslindes territoriales de las autonomías indígenas, además una eventual fragmentación ideológica que podría debilitar las alianzas y laestabilidad, “generando un problema en nuestro ordenamiento político”.

Finalmente, Violeta Montero concluyó que “las luchas por la descentralización llevan muchos años. Hay evidencia en los intendentes, en un primer momento, y en los gobernadores que ahora declaran las dificultades de gestión, porque para todo hay que esperar aprobación de Santiago. Eso es una anomalía”.

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