Ante las peticiones de diferentes parlamentarios del Biobío respecto de una eventual renuncia de la delegada presidencial regional, Daniela Dresdner, por su vinculación con el denominado caso fundaciones, el presidente Gabriel Boric afirmó durante esta jornada que la personera de Gobierno «no tiene responsabilidades políticas que pagar», al tiempo que solicitó a la oposición «no meter a todo el mundo en el mismo saco». Junto con ello, el mandatario respaldó las funciones desarrolladas por el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes (PS), y el seremi de la cartera en el Maule, Rodrigo Hernández (RD).
Continúan los coletazos luego de que fuera destapado el caso Democracia Viva, bajo el que se acusa que un supuesto tráfico de influencias habría permitido que el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) de Antofagasta firmara convenios por $426 millones con la citada fundación, cuyo representante legal es el exmilitante de Revolución Democrática, Daniel Andrade, entonces pareja de la diputada Catalina Pérez (RD).
En un efecto en cadena, la investigación luego posó su atención en otras organizaciones, y el escándalo finalmente derivó en que la Contraloría General de la República decidiera «suspender la tramitación» de todos los contratos entre el Estado y este tipo de entidades hasta «tener claro (qué es) lo que está ocurriendo con esos recursos».
Parlamentarios piden salida
En el Biobío, la polémica encontró sus propias aristas, luego de que se diera a conocer que el mismo Daniel Andrade emitió en 2021 una boleta de honorarios por $3 millones 902 mil para la campaña senatorial de la hoy delegada presidencial, Daniela Dresdner; y que la fundación de corte oficialista, Urbanismo Social, adjudicó en la misma región, y por trato directo, $148 millones provenientes del Serviu.
Dichos antecedentes resultaron suficientes para que un grupo de parlamentarios de oposición solicitara la renuncia de la personera, moción que también fue acogida por algunas voces oficialistas. Uno de ellos fue el senador por la circunscripción 10, Gastón Saavedra (PS), quien sostuvo que Dresdner debe dar «un paso al costado» para evitar presiones políticas ante la investigación que hoy lleva adelante la Fiscalía.
En ese marco, el representante de la Cámara Alta también enfatizó en que los responsables tras las cuestionadas organizaciones «deben comparecer ante los tribunales y ser sancionados como corresponde».
En esa misma línea, el diputado por el distrito 20, Félix González (FRVS), afirmó durante esta jornada que el Gobierno «ya debió haberle pedido la renuncia a la delegada presidencial del Biobío» por estar relacionada con «al menos dos fundaciones» que se encuentran bajo las indagatorias. Por ello, concluyó que bajo estas condiciones los parlamentarios de la zona no pueden «trabajar con ella».
La defensa del presidente
Consultado por la situación en su visita a la comuna de Coihueco, en la región de Ñuble, el presidente Boric destacó, en primer lugar, que está «muy bien» que la Contraloría cumpla «con su función», por lo que comprometió «toda» la colaboración del Gobierno ante las investigaciones que sean decretadas.
Junto con ello, el mandatario aseguró que ya instruyó a todos los ministerios actuar «proactivamente», lo que implicará revisar todos los contratos con fundaciones y «corregir» y «sancionar» cuando corresponda.
Asimismo, el presidente de la República llamó a «no meter a todos en el mismo» saco, sino que, por el contrario, «diferenciar» ante el «festival de renuncias» que está pidiendo «la oposición y algunos personeros».
Fue en ese punto en que se refirió tanto a los casos de Rodrigo Hernández y de Daniela Dresdner, quienes, afirmó, «no tienen responsabilidades políticas que pagar» al respecto.
Finalmente, el mandatario destacó que el ministro Carlos Montes cuenta hoy «con toda la confianza» del Ejecutivo, tanto para encabezar la transparencia dentro del Ministerio de Vivienda y Urbanismo como para «seguir adelante» con el plan de emergencia habitacional vigente y su meta de construir 270 mil viviendas.