Con el propósito de preparar la implementación del Acuerdo de Escazú en la Región del Biobío, las carteras regionales de Medio Ambiente y de Justicia y Derechos Humanos constituyeron la primera reunión bilateral, tras la ratificación del acuerdo internacional.

El encuentro fue encabezado por los seremis Claudia Soto Candia y Óscar Reicher Salazar, junto a sus equipos, para formalizar los compromisos iniciales y líneas de trabajo en esta materia.

Reicher recordó que el Ministerio del Medio Ambiente ha liderado una agenda para reposicionar a Chile como un actor clave en la protección ambiental a nivel internacional, a través de distintas medidas que se trabajarán durante 2023.

«Esperamos que este trabajo conjunto, que concluirá con la elaboración de un protocolo, permita otorgar protección a las y los defensores ambientales en el ejercicio de sus actividades, fundamentales en el contexto de crisis climática que nos aqueja», afirmó.

En la misma línea, la titular de Justicia y DD.HH. en la zona valoró está instancia, con la que «estamos dando el punta pie inicial para implementar el Acuerdo de Escazú».

El Acuerdo de Escazú es el primer acuerdo regional de política ambiental para América Latina y el Caribe, y a nivel mundial es pionero en establecer disposiciones específicas para la defensa de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, tales como acceso a la información medioambiental oportuna y participación democrática de las comunidades en temáticas de este tipo.

El tratado entró en vigencia el 22 de abril de 2021, al cumplirse las once ratificaciones necesarias para ello y, en Chile fue ratificado el pasado 18 de marzo de 2022, dando inicio a la fase de adhesión de nuestro país al tratado.