Ya en agosto del año pasado, tras el despido de 67 trabajadores, los dirigentes sindicales de Huachipato denunciaron que, de no aplicarse medidas contra competencia desleal o anti-dumping del acero chino, la compañía siderúrgica podría cerrar sus puertas.
Dicha decisión, a cargo de la Comisión Antidistorsiones, era esperada el pasado viernes 23 de febrero, pero fue postergada para este miércoles 28, manteniendo en la incertidumbre a más de 2 mil puestos de trabajo directos.
A una semana del cierre de la planta de laminadores de la empresa, que implicó la pérdida de otros 90 empleos, el gobernador regional del Biobío, Rodrigo Díaz, y el senador (PS) Gastón Saavedra criticaron la demora en la adopción de medidas que regularicen el precio del acero importado en resguardo de la industria nacional.
“La situación económica del país es mala y la situación en la región no es mejor, pero va a ser mucho peor si es que perdemos una de nuestras principales fuentes de empleo”, lamentó Díaz.
La autoridad regional agregó que tanto el ex presidente Ricardo Lagos como la ex presidenta Michelle Bachelet aplicaron “salvaguardias y el ministro de Economía de la época actuó con diligencia”, por lo que pidió una mayor “empatía y responsabilidad del Gobierno”.
Por su parte, el senador Saavedra señaló que este problema no es nuevo y que son los “efectos de un modelo que es atentatorio contra la producción nacional. Se deben proteger los procesos industriales y los trabajos de calidad que genera la producción de acero en la CAP”.
El parlamentario también se sumó al rechazo por la demora. “Esperamos que esto quede resuelto y traiga tranquilidad a las 20 mil familias que esperan que continúe la operación de la empresa”, indicó.
El senador afirmó que no se entiende la demora por parte de la Comisión, que hasta ahora ha tenido más de 60 días para generar medidas en favor de la industria regional.