Gracias a un acuerdo transversal en el Congreso, y luego de 12 años de discusión, finalmente esta semana se despachó la nueva Ley de Adopción.
Desde el gobierno, indicaron que se trata de una excelente noticia, especialmente para niños, niñas y adolescentes, ya que moderniza los procesos, todos con un alto estándar, incorporando cambios clave, que incluso permitirían duplicar el número anual de adopciones.
Al respecto, Andrés Kuncar Oneto, académico del Departamento de Derecho Privado de la Universidad de Concepción, mencionó que “esta ley responde a una necesidad de mejorar el funcionamiento completo del sistema. La realidad de la actual ley indica que una adopción pudiera demorarse 2, 4 y hasta 6 años”.
Además, explicó que la normativa termina con la rígida prelación al momento de adoptar, equiparando las posibilidades de matrimonios, personas solteras o parejas con acuerdo de unión civil, siendo lo más importante el bienestar del niño o niña.
Según datos obtenidos por el periódico El País, el número de personas menores de 18 años atendidas en programas de cuidado alternativo residencial pasó de 4.417 en 2021 a 5.018 en febrero de 2025. El incremento está empujado por la primera infancia —de los cero a tres años—, que subió un 39%; seguida por los adolescentes de 14 a 17, que se elevaron en un 21%.
Consultado sobre las razones que justifican que la actualización de la normativa se dilatara por más de una década, Kuncar expuso que “no sólo es el diseño legal de la antigua ley que obstaba a eso, también había mucha protección a la voluntad de la familia biológica”, sumando otro motivo: los recursos disponibles.
La ley priorizará la revinculación familiar con periodos acotados, y establece un proceso integral y continuo, que evita extender la espera y fija plazos de entre 12 y 18 meses para que el juez o jueza determine si se relaciona con su familia de origen o se vincula con una familia adoptiva.
“Un niño necesita el afecto, el apoyo y el cuidado desde el primer día de su vida, entonces, una de las cosas que pretende y, probablemente, la que mayor impacto va a tener es la necesidad de que las decisiones respecto de ellos se tomen de forma mucho más rápida y eficiente”, argumentó el profesional.
Otro aspecto relevante es que la nueva ley establece que la niña o niño adoptado podrá mantener contacto con su familia de origen, incorpora posibilidades excepcionales para que familias de acogida que han tenido por periodos extensos a niños y niñas puedan ser familia adoptiva y se perfecciona el delito de obtención ilegal de un niño, niña o adolescente, haciéndose cargo de las adopciones ilegales.
Al respecto, el académico indicó que “la idea de que los niños en situaciones de abandono o de vulneración de derechos estén institucionalizados, en organismos del Estado o colaboradores, no es una buena idea, por lo menos en la noción que se tiene hoy día, mientras menos tiempo estén en esos lugares, es mejor. Por eso, se ha privilegiado entregarlos al seno de las familias de acogida”.
La normativa pone en el centro el interés superior de niños, niñas y adolescentes, sus necesidades y su derecho de vivir y crecer en una familia.
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