Con un llamado a mejorar las condiciones de seguridad en el transporte público, especialmente para personas mayores, con discapacidad y neurodivergentes, el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, encabezó la presentación oficial del proyecto de ley “Ana Hernández”, conocida como “Ley Anita”, en el Congreso Nacional. La iniciativa fue acompañada por representantes de la Unión Comunal de Adultos Mayores (UCAM) de Concepción, parlamentarios de la zona y concejales de la comuna.
Durante la jornada, la delegación expuso los fundamentos del proyecto ante la Comisión de Personas Mayores de la Cámara de Diputadas y Diputados, planteando la urgencia de mejorar los estándares de operación y fiscalización del sistema de transporte remunerado de pasajeros. El proyecto fue ingresado formalmente por el diputado Roberto Arroyo, con el respaldo transversal de actores sociales y autoridades locales.
La iniciativa nace tras el trágico accidente ocurrido en Chiguayante el pasado 16 de mayo, en el que falleció Ana Hernández, dirigenta emblemática de la UCAM y símbolo del compromiso comunitario. La propuesta legal busca modificar la Ley de Tránsito para fortalecer los requisitos exigidos a los conductores del transporte remunerado de pasajeros, incluyendo exámenes médicos respaldados, capacitaciones obligatorias en inclusión y trato digno, y controles más frecuentes para prevenir hechos como el que costó la vida de la dirigenta.
“Queremos que nunca más una persona mayor, una persona con discapacidad o neurodivergente, tenga que exponerse a un transporte inseguro, donde el chofer ni siquiera debería estar manejando”, expresó el alcalde Muñoz. “Este proyecto nace del dolor de una comunidad, pero también de su fuerza para transformar ese dolor en acción”, agregó.
Desde la UCAM, su presidente Mario Pavez valoró que esta ley lleve el nombre de Ana Hernández y agregó que esta “es una demanda de todos los adultos mayores que día a día usan el transporte público con miedo o inseguridad”.
A su vez, el diputado Arroyo sostuvo que es urgente tramitar esta iniciativa, ya que “no podemos esperar otra tragedia. Este proyecto es viable, necesario y tiene el respaldo ciudadano”.
En tanto, el senador Gastón Saavedra, quien se reunió con la delegación en el Congreso, afirmó que si bien la Ley de Tránsito ya considera sanciones para quienes conduzcan bajo la influencia del alcohol y las drogas y ocasionen accidentes con víctimas fatales, probablemente sea necesario incorporar “elementos que tengan que ver con el control previo a conducir los vehículos, para evitar que tengamos conductores en dicha situación”.
La “Ley Anita” incluye entre sus medidas: aumentar la frecuencia de los controles médicos a conductores profesionales de 4 a 2 años, exigir conocimiento de leyes de inclusión y derechos de personas mayores y neurodivergentes, y establecer normas de trato respetuoso y accesibilidad obligatoria. La propuesta es una señal concreta de que la seguridad vial también es una forma de justicia social.
