En noviembre del año pasado, y dentro de la Ley Marco de Cambio Climático 21455, el Biobío comenzó el diseño de su Plan de Acción Regional de Cambio Climático, que busca consignar medidas de mitigación y adaptación, con indicación de plazos de implementación, asignación de responsabilidades, indicadores de monitoreo, reporte y verificación de cumplimiento.

En este contexto, el 3 de mayo se realizó la primera sesión del Comité Regional del Cambio Climático, CORECC, mesa en la que participan autoridades de todas las carteras y que marcó un hito significativo en el compromiso de la región para abordar los desafíos planteados por el cambio climático.

La idea es hacer, con el nivel de conocimiento que tenemos hoy, la mejor medida que permita que el país cumpla su meta. La necesidad de captar otros grupos que muevan la aguja es un desafío que necesitamos acordar, acá ya no hay una disputa ideológica, si no es ver como reducimos la cantidad de gases de efectos invernadero que genera este país al año 2050”, señaló el gobernador regional, Rodrigo Díaz.

A su vez, Diego Irizarri, coordinador de proyectos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), indicó que esto es una instancia muy relevante para el desarrollo del plan, porque “con este paso se establece una fecha específica de inicio y de las etapas que establece el reglamento, sobre todo para que más adelante se pueda hacer la consulta pública pertinente”.

Durante la sesión se destacó la necesidad urgente de desarrollar esta hoja de ruta para la elaboración del Plan Regional de Cambio Climático, que servirá como guía para la implementación de medidas de adaptación y mitigación en la zona.

Hoy tenemos la oportunidad de planificar en base a la evidencia y de pensar el futuro de la región considerando las consecuencias que ha tenido la crisis de cambio climático y como nosotros podemos planificar, adaptar y pensarnos para tener un futuro próspero y podamos desarrollarnos pensando esto”, indicó el seremi de Medio Ambiente, Pablo Pinto.

Por parte del centro Eula, el académico Francisco de la Barrera explicó que la Región del Biobío se enfrenta a desafíos únicos, debido a su alta industrialización, siendo responsable del 11% de las emisiones de carbono del país.

Asimismo, destacó la importancia de adaptarse a las oportunidades de inversión que surgen en este nuevo contexto, mientras se abordan los impactos del cambio climático en la región, como la sequía prolongada y el aumento de los incendios forestales, olas de calor e inundaciones.

Trabajo en talleres

Durante la sesión, el gobernador destacó la necesidad de involucrar a diversos grupos de interés en este proceso y reconoció que la tarea de abordar el cambio climático es un desafío que requiere la colaboración de todos los sectores de la sociedad.

En ese sentido, Maricel González, directora del proceso de participación ciudadana del Plan de Acción de Cambio Climático, explicó que han desarrollado talleres con la ciudadanía, pueblos originarios y el Consejo Regional de Cambio Climático para “elaborar primer un diagnóstico del contexto regional”.

Ahora, agregó, se encuentran revisando qué ideas “se van a priorizar y aplicar para llegar a este portafolio de medidas de adaptabilidad que nos permite territorializar este plan”.

Para quienes han participado en estos talleres, estos han sido espacios para conversar sobre los impactos del cambio climático y cómo enfrentarlos en sociedad.

Tenemos que tener un plan de alertas tempranas basadas en la comunidad. La comunidad conoce su territorio, sabe cómo funciona, tiene una lógica que tiene que ver con su idiosincrasia y puede colaborar desde su visión”, indicó Mónica Ehrenfeld, presidenta de la Corporación Ciudadanía Ambiental.

Cabe señalar que el Plan de Acción Regional de Cambio Climático es financiado por el Fondo Verde para el Clima, ejecutada por el Ministerio del Medio Ambiente con apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en la cual se generan diversas instancias para fortalecer las capacidades técnicas de Gobiernos Regionales y Municipios con miras a una acción climática oportuna y pertinente desde los territorios.