Este martes ingresó a la Cámara de Diputadas y Diputados la acusación constitucional presentada en contra del ministro de Educación, Raúl Figueroa, por eventual incumplimiento a la Constitución y las leyes.
Conforme al Reglamento, la Sala procedió al tradicional sorteo, mediante tómbola, de los cinco parlamentarios que integrarán la comisión encargada de evaluar el mérito jurídico de la presentación, resultando electos la diputada Marisela Santibáñez (PC) y los diputados Tomás Fuentes (RN), Enrique Van Rysselberghe, Juan Fuenzalida y Guillermo Ramírez, pertenecientes a la UDI.
A partir de ahora comienza el plazo de tres días para notificar, personalmente o por cédula, al acusado. Luego, el ministro Figueroa tendrá un plazo de diez días para concurrir hasta la comisión encargada de la acusación, ya sea en forma personal o por escrito.
La instancia, a su vez, tendrá un plazo de seis días para estudiar la acusación constitucional y pronunciarse sobre ella, poniendo luego el libelo a disposición de la Sala.
Acusación Constitucional
El libelo acusatorio está compuesto por tres capítulos. El primero de ellos responde a la vulneración del derecho a la educación, que divide los argumentos en ocho apartados. Allí se alude a temas como ausencia de recursos adicionales a los ya contemplados en las leyes de presupuesto para enfrentar la pandemia; omisión en la regulación de las clases a distancia; subvenciones que implicaron fuertes disminuciones en el financiamiento de los establecimientos, entre otros.
El segundo capítulo se refiere a la vulneración de las/los trabajadores de la educación. Describe la existencia de “abandono y desprotección respecto a las condiciones laborales durante la pandemia; y, en segundo lugar, respecto al incumplimiento del bono incentivo al retiro”.
Por último, el tercer capítulo se denomina: amenaza a la vida e integridad física y psíquica. Detalla y recuerda la insistencia del ministro en la vuelta a clases presenciales.
En dicho apartado se despliega un informe de fiscalización de la Contraloría al Programa de Retorno a Clases Presenciales de los Establecimientos Educacionales, respecto del cumplimiento efectivo de los protocolos sanitarios en los establecimientos que iniciaron el año escolar en marzo de 2021, el cual, según señala el documento, “arroja un sinnúmero de irregularidades, omisiones e incumplimientos, los que, evidentemente, reflejan la deficitaria situación en los establecimientos que no garantizan un retorno seguro”.
El texto fue suscrito por las diputadas Camila Rojas (Comunes) y Marcela Hernando (PR), y los diputados Gonzalo Winter (PCS), Juan Santana (PS), Mario Venegas (DC), Rodrigo González (PPD), Tomás Hirsch (IND) y Esteban Velásquez (FRVS).