En la última cuenta pública del presidente Gabriel Boric, el pasado 1 de junio, el Mandatario anuncio que el Gobierno decidió “eliminar por vía administrativa la tarifa de invierno lo antes posible”.

La idea ya tiene precedentes en el Parlamento. En junio de 2022, la diputada Karol Cariola (PC) redactó un proyecto de ley para eliminar la tarifa de invierno y no tardó en sumar apoyos en el Congreso, aunque no los suficientes en el Ministerio de Energía ni en la Comisión de Minería y Energía de la Cámara, lo que dejó la iniciativa estancada.

Ahora, tras el anuncio de Boric, han surgido críticas y cuestionamientos a la medida, principalmente porque favorecería a los hogares de mayores ingresos, ya que diferentes estimaciones señalan que los hogares de menores recursos no pueden superar ese límite de consumo energético y, por lo tanto, no verían afectadas sus cuentas.

Para abordar el tema y despejar interrogantes, en Nuestra Pauta conversamos con el Ingeniero Civil Mecánico y académico de la Facultad de Ingeniería UdeC, Javier Piedra Fierro, que además es integrante de la Red de Pobreza Energética y Director Ejecutivo de la Fundación Energía para Todos.

En primer lugar, Piedra explicó que las mediciones, en general, consideran la cantidad de clientes en base a los medidores instalados, sin embargo, existen muchas comunas donde hay más viviendas que clientes, lo que demuestra que existen muchos casos de medidor compartido, viéndose afectadas las familias que allí viven por los límites de consumo.

Además, un estudio de la CEPAL sobre tarifas eléctricas indica que “los hogares urbanos más pobres son los que más gastan en electricidad” y que en Chile el quintil más pobre gasta tres veces más, respecto de su ingreso, que el quintil más rico.

Para el Director Ejecutivo de la Fundación Energía para Todos hay otra manera de ver este fenómeno, al considerar cuántas personas limitan su calidad de vida, ahorrando en calefacción por ejemplo para no pagar la tarifa extra en caso de superar el límite de invierno.

“Esas personas, estadísticamente, no se contabilizan en el grupo que supera el límite, pero no lo hacen porque no pueden económicamente”, sostuvo.

Respecto del eventual alza en las cuentas de los clientes regulados, el investigador señaló en primer lugar que, si bien el límite de invierno es parte de la estructura tarifaria, nunca tuvo como objetivo garantizar la rentabilidad en las empresas ni transformarse en un medio recaudatorio, pues se creó con un objetivo técnico, que ya no se condice con la realidad.

Además, agrega Piedra, más allá de los cálculos técnicos y teóricos que se puedan hacer, “las empresas distribuidoras tendrán garantizadas sus utilidades en una banda de entre un 6% y 8% después de impuestos (Ley 21.194)”. De hecho, cada año se realiza un chequeo de rentabilidad, que básicamente calcula si la rentabilidad de las empresas en el año de chequeo se ajustó a lo delimitado por la ley.

Finalmente, el académico de Ingeniería UdeC se refirió al concepto de “pobreza energética”, y explicó que, en general, se trata de establecer la “relación de las personas con la energía, vista desde el acceso, la calidad y equidad”.

En ese sentido, indicó que, si bien el 99,6% de la población chilena tiene acceso a energía eléctrica, el 24% de las personas en la comuna de Santiago no tiene calefacción, y de la población con ingresos familiares bajo el límite de la pobreza, el porcentaje sube a 49%.

Finalmente, el académico manifestó (en columna de opinión publicada en Ciper) la necesidad de que el Gobierno tome la iniciativa y llame a una mesa de trabajo que entregue claridad sobre la eliminación de la tarifa de invierno y que, además, en esa mesa se integren todos los actores y se tomen decisiones pensando en mejorar la calidad de vida de cada uno de los habitantes de Chile.

Escucha aquí la entrevista: