A raíz del reciente asesinato del carabinero Daniel Palma en Santiago Centro, el presidente de la República, Gabriel Boric Font, anunció esta tarde el adelantamiento del plan «Calles Sin Violencia», que se focalizará en el grupo de comunas que contienen un tercio de la población nacional, y en las que se concentra el 50% de los delitos violentos. Junto con ello, solicitará la prisión preventiva para todos los extranjeros en situación irregular y que cuenten con causas penales abiertas, y se inyectarán nuevos recursos para fortalecer la capacidad operativa e investigativa de las policías y fiscalías, y para el desarrollo de más «áreas verdes y espacios educativos».  

El mandatario comenzó su alocución recordando la promulgación, durante esta mañana, de la Ley Naín-Retamal, hito que a su parecer requirió de «la generosidad y el patriotismo de todos los sectores que, dejando de lado las desconfianzas y los intereses cortoplacistas, fueron capaces de construir acuerdos». Por ello, aseguró, el crimen organizado será enfrentado «con el Estado y la sociedad organizada». 

Asimismo, el presidente de la República adelantó que se trabajará en «limpiar de armas» los barrios y en sancionar a quienes hoy se encuentren «armados de manera ilegal». En dicho ámbito, afirmó, será necesaria la colaboración de los potenciales denunciantes.

Prevención, protección y persecución

En cuanto a lo legislativo, el mandatario recordó que junto con la Ley Naín-Retamal, promulgó durante esta jornada las normativas que refuerzan las competencias de Gendarmería y que crean el delito de extorsión; además de los articulados que modifican el Código Penal para agravar tanto el secuestro como el porte ilegal de armas en lugares concurridos.

En esa línea, Boric se refirió a las recientes reuniones con los jefes de inteligencia y las policías, a quienes solicitó presentar e implementar «un plan de fortalecimiento para la seguridad de sus miembros y de mejoramiento de los protocolos bajo los que se actúa». Junto con ello, aseguró, ya se ha instruido comenzar a implementar el plan Calles Sin Violencia.

Además de los recursos que fortalecerán las capacidades operativas e investigativas de las fiscalías y policías en las comunas con mayores índices de violencia, Boric detalló que el plan incluirá «la aplicación de reformas legales cuando corresponda» y el aumento anual, en términos reales, de un 40% del presupuesto nacional para seguridad, a través de los fondos de emergencia del Estado y otros aún no comprometidos.

También, el presidente de la República afirmó que, a futuro, el Gobierno incorporará los informes financieros de los distintos proyectos de seguridad que se encuentren en tramitación, para recogerlos «con cargo a los mayores ingresos» mediante la próxima Reforma Tributaria.

Dichos recursos, afirmó, serán empleados en reforzar los equipamientos de protección, los parques vehiculares y las dotaciones policiales; en focalizar la persecución de delitos como homicidio y tráfico de armas; en aumentar la fiscalización municipal a inmuebles conflictivos y al comercio regular e irregular; y en comprar más luminarias, cámaras de seguridad e mobiliario para los espacios públicos.

En cuanto a la reunión efectuada con los diferentes poderes del Estado durante esta tarde, Boric detalló que será el ministro de Justicia y los Derechos Humanos el encargado de liderar el trabajo en torno a las «lagunas» legales existentes «entre las diferentes instituciones», las que a su parecer, dificultan «un mejor actuar» del Estado.

Llamado a actuar

En el punto de prensa, también intervino la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, quien aseguró que aunque los poderes del Estado se encuentran trabajando para responder ante la delincuencia, aún resta una mayor «racionalidad, templanza, sentido de unidad y articulación». 

Por su parte, el ministro de Justicia, Luis Cordero, se refirió a la decisión, informada por el fiscal nacional, de solicitar prisión preventiva a todos los migrantes con situación irregular que hayan sido detenidos por delitos, al menos, hasta que se concrete su identificación.

En ese sentido, la autoridad política clarificó que, para tal fin, se ha determinado integrar un nuevo mecanismo de enrolamiento junto con el Registro Civil y, además, Gendarmería ya avanza en la habilitación de nuevas plazas de detención.