“Águilas”, “Caballeros Oscuros”, “Choneros”, “Killers” y “Tiguerones”. Esos son los nombres de algunos de los veintidós grupos criminales definidos por el gobierno de Ecuador como “organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes”, en el decreto firmado por el presidente Daniel Noboa (en la foto) que instauró en el país el estado de conflicto armado interno.

El fracaso del estado ecuatoriano en la lucha contra estas organizaciones, vinculadas principalmente al narcotráfico, volvió a quedar en evidencia con la fuga de “Fito”, líder de los Choneros, desde un penal en Guayaquil, y motines en cárceles de todo el país. Tras el decreto de estado de excepción por 60 días y toque de queda, la respuesta de las agrupaciones criminales se desató con fuerza el pasado martes, con distintos hechos de violencia que tuvieron como imagen central el ingreso de sujetos armados y encapuchados a las instalaciones del canal TC Televisión.

Instituciones como el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado señalan que la tasa de homicidios (42.8 por cada cien mil habitantes) sitúa al país como el más violento de Latinoamérica en la actualidad, incluso por sobre Venezuela y Honduras.

¿Cómo llega un país a una crisis institucional de esta magnitud? El chileno Lester Cabrera, académico de Flacso Ecuador y ex subsecretario de Estudios y Políticas de la Seguridad del Ministerio del Interior en Ecuador, sostuvo que hay factores coyunturales y estructurales o institucionales que “explicarían o ayudarían a entender lo que está pasando”.

A nivel coyuntural, un elemento es la carencia de figuras experimentadas en el gabinete de seguridad del Presidente Noboa, el que aún no está completo.

Desde lo estructural, en tanto, apuntó a los elevados niveles de corrupción como un “elemento enraizado, propio de la cultura política ecuatoriana de los últimos años”. Como ejemplo, citó las fugas carcelarias de los líderes de organizaciones criminales y agregó que “hay un nivel de corrupción, que si uno comienza a escarbar, puede llegar a niveles insospechados incluso dentro del espectro político ecuatoriano. No estoy hablando de un partido o movimiento particular”.

En paralelo, una “justicia que no hace justicia” y la falta de medios logísticos para combatir a estos grupos criminales, “muy bien pertrechados y organizados y que tienen una logística y un nivel de inteligencia con el que realmente hemos quedado asombrados”.

Junto con señalar que esto responde a un “desgaste sistémico”, la politóloga e investigadora Tatiana Quinga afirmó que lo ocurrido en TC Televisión fue “una de las gotas que derramó el vaso, un hecho totalmente impensable y sin precedentes”.

No obstante, indicó que puede ser “el detonante para alguna luz de unidad nacional”. “Creo que esta etapa es fundamental para el Ecuador. Si es que no logramos superar con éxito esta lucha contra el crimen organizado, vamos a estar sometidos por muchos años más”, aseguró.

El asalto a las instalaciones del canal de televisión TC dejó en evidencia las dificultades que enfrenta el trabajo periodístico en Ecuador, país que ocupa la posición número 80 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2023 elaborada por Reporteros sin Fronteras, una de las mayores caídas de la región en los últimos años.

Vanessa Vanegas, doctora en Comunicación y académica universitaria en Ecuador, apuntó a la “precarización y a la situación de riesgo” en la que se encuentran los profesionales de la comunicación en dicho país. Si bien lo ocurrido “es un hecho inédito y que marca un punto de inflexión que da cuenta en la crisis social, política, y económica y también del quehacer periodístico”, en 2018, profesionales del diario ‘El Comercio’ fueron secuestrados y asesinados mientras cubrían la situación en la frontera entre Ecuador y Colombia.

La periodista reflexionó además que, pese a la preferencia de los grupos de poder por los medios “corporativos”, en desmedro de aquella prensa “popular” o alternativa, en la crisis actual incluso estos medios pueden verse afectados por los cuestionamientos de la autoridad política “en lugar de estimular el trabajo periodístico, que se efectúa con estas condiciones de riesgo brutal”.

¿Y Chile?

¿Qué tan lejos está nuestro país de estos niveles de violencia? Para Lester Cabrera, si bien han aumentado los niveles de percepción de inseguridad, con el incremento en los homicidios y la irrupción de delitos como secuestros o extorsiones, hay “diferencias importantes entre la situación chilena y el resto del continente (…) condiciones que, en cierto sentido, no puedes llegar a comparar”.

El doctor en Estudios Internacionales y exalumno UdeC agregó que “sería tremendamente irresponsable decir que esto no va a darse, pero también lo sería decir que Chile va en camino para allá”. Lo importante, relevó, “es tener una real conciencia de que Chile no es una isla”.

Finalmente, Cabrera planteó la necesidad de contar con políticas públicas de seguridad ciudadana que sean “escrutables, transparentes y visibles” para la población, con un alto componente local. “No es lo mismo hablar de Concepción o Chillán que hablar de Guarilihue. Ahí entran el aparato local, las administraciones locales, los municipios o gobiernos regionales. Hacer las diferencias, priorizar y entrar en contacto con la ciudadanía”, concluyó.