A raíz de la compleja situación que se vive en el norte de Chile en torno a la migración, y particularmente en las zonas fronterizas con Perú y Bolivia, en Nuestra Pauta conversamos con Valentina Rioseco Vallejos, abogada especialista en DDHH, Migración y Refugio, académica de la Universidad de Edimburgo y del Centro de Estudios Europeos UdeC.

En cuanto a la realidad nacional, es importante señalar que Chile no es, ni mucho menos, el único país que enfrenta desafíos migratorios y, de acuerdo a lo señalado por Rioseco, se inserta en un contexto regional que tiene a Venezuela con una cifra de migrantes (7 millones aprox.) similar a la producida por la guerra en Siria o en Ucrania.

En ese sentido, para la especialista, “el gran problema que ha tenido el país es que no sido capaz de asumir la realidad migratoria que está viviendo”.

Para Rioseco, la legislación chilena, sobre todo tras la actualización de la ley 20.430 y la promulgación de la ley 21.325, tiene algunos reparos, pero ha mejorado y se ajusta a los estándares latinoamericanos. Por lo mismo, explica, el problema hoy se da en la práctica y en el terreno más que en las leyes.

“Militarizar las fronteras en el norte genera que aumente la vulnerabilidad de las personas y la dificultad de provocar flujos migratorios regulares, seguros y ordenados”, señala.

Valentina Rioseco explica que, en Chile, la legislación antigua tipificaba la migración irregular como delito, lo que “dificultaba” el debido proceso de las personas y su regularización. En ese sentido, la ley actual corrige esta situación, entendiendo que “la irregularidad migratoria es una condición” que, además, muchas veces puede ser corregida.

“Esto demuestra la incapacidad del Estado para administrar sus fronteras”, sostiene la abogada.

En cuanto a las estrategias que permitan avanzar en una solución de la crisis, la especialista detalla que el Pacto Mundial de Migraciones propone alternativas para que “los países coordinen mutuamente traslados de personas”. Asimismo, la Comisión Interamericana publicó una lista de principios para proteger a las personas migrantes y refugiadas, “y proponen una forma de ayuda humanitaria, estableciendo estándares mínimos y alternativas para retornos voluntarios”.

En esa línea, una alternativa es establecer visas consulares con algunos países, aunque la académica estima que Chile no tiene esa capacidad. Otra forma para evitar la irregularidad migratoria es reconocer la condición de refugiados a quienes cumplan los requisitos.

En cuanto a la situación de las personas que viven en esta situación, sostiene “se asocia que, como están fuera de la ley, pueden realizar cualquier cosa fuera de la ley” y eso no es así. La migración irregular es “una situación que genera problemas tanto para las propias personas como para el país”, agrega.

Finalmente, la especialista valoró la oportunidad de conocer experiencias, tanto exitosas como fallidas, en países que han pasado este tipo de fenómenos durante más tiempo, como Canadá y la Unión Europea, por ejemplo.

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