Una transversal preocupación por la falta de acuerdos que ha marcado al debate constitucional chileno fue planteada este miércoles por los expresidentes de la República, Sebastián Piñera, Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Michelle Bachelet, en el marco del encuentro «Diálogo para construir el futuro» de ICARE. En la instancia, los ponentes llamaron a las fuerzas políticas y consejeros a evitar imprimir consignas identitarias en el texto y a alcanzar consensos en pos de la convivencia democrática.
A pesar de no haber acudido presencialmente, el exmandatario Eduardo Frei Ruiz-Tagle, participó de la instancia enviando un breve mensaje en video, en el que reflexionó que aunque el país debe tener «presente el pasado», necesita hablar más sobre «el futuro», sobre todo, ante la inminente culminación del Proceso Constitucional.
También, Frei repasó el trabajo efectuado durante el año pasado por la Convención, el que, aseguró, no logró «resolver los problemas» de los chilenos y, por el contrario, terminó presentando un texto que, a su parecer, «destruía las instituciones en todas sus partes».
Teniendo a la vista esa fatídica experiencia y los esfuerzos efectuados por la Comisión Experta para plantear un documento capaz de orientar el actual proceso, el expresidente dirigió sus críticas a la escasa «capacidad de dialogar» demostrada por los consejeros constitucionales, cuyas deliberaciones podrían conducir al desperdicio de una nueva y, quizás, la última oportunidad de instaurar una Carta Magna dentro del actual periodo de Gobierno.
Convivencia pacífica
Posteriormente, se dio la palabra a la dos veces mandataria, Michelle Bachelet, quien resaltó la necesidad de consensuar un texto que «haga posible una convivencia democrática fortalecida, un reconocimiento de nuestras legítimas diferencias y un sentido de comunidad que promueva el orden y la cohesión social».
En consideración de ese anhelo, la expresidenta reconoció estar «muy preocupada» por los «síntomas» que ha manifestado el Consejo Constitucional, particularmente, por la pretensión de algunos de sus representantes de «imponer su peso para dar señales identitarias a sus electores» y de hacer «inviables derechos o políticas públicas con las que no están de acuerdo». Ejemplo de aquello sería lo deliberado hasta ahora en torno a «salud, previsión, interrupción del embarazo o el carácter inapropiable de los bienes públicos».
En ese marco, Bachelet manifestó su intranquilidad por el poco entendimiento que ha concitado el «aprendizaje principal» que dejó golpe de Estado, en tanto que, a su parecer, «nadie puede arriesgar la convivencia democrática para asegurar sus intereses». Con ello, apuntó a aquellos sectores de la derecha chilena que han buscado «imponer sus preferencias» dentro de la discusión constitucional.
Respecto del anteproyecto redactado por la Comisión Experta, la expresidenta afirmó que «aunque no guste del todo, representa un marco común y razonable, que hace posible el juego democrático futuro». También, enfatizó en que a pesar de que la propuesta carece de «varios elementos», esta contaría con su voto favorable por el «evidente esfuerzo» efectuado por los comisionados para «llegar a consensos en pos de la convivencia pacífica».
En virtud de ese afán, Bachelet recomendó a los representantes de izquierda «no tirar la toalla» dentro de la actual discusión, mientras que a los sectores de derecha con vocación democrática, recomendó ejercer un rol de «alerta y contención a las pretensiones de algunos de forzar una Constitución que pueda reducir el espacio democrático».
Sin derecho a fallar
Por su parte, el expresidente Sebastián Piñera recordó que el país ya acumula 43 años de confrontaciones por un cambio constitucional, situación que, a su juicio, debe ser resuelta mediante la presentación de una propuesta que propicie «la unidad, la estabilidad y la proyección» y que no pretenda «reemplazar el sentido común» ni «fijar para siempre el destino» nacional.
En ese sentido, el dos veces mandatario reafirmó que el texto debe «permitir que gobiernos de distintos signos políticos puedan desarrollar sus ideas y sus programas dentro de ese gran marco».
Dentro de las garantías que, a su parecer, deben ser consignadas en una eventual propuesta, mencionó «el valor de la vida y la dignidad humana», los derechos humanos, la protección del medioambiente y «la seguridad y la no violencia».
En cuanto a los derechos sociales, citó los relativos a la educación, la salud, la vivienda, al agua y las pensiones; además de las igualdades en dignidad y derechos, de género, de oportunidades y ante la ley.
Asimismo, Piñera mencionó que dentro de los temas «más controversiales» a abordar por parte del Consejo Constitucional se encuentran los concernientes al concepto del Estado social y democrático de derecho, lo que incluye las discusiones por los bienes públicos y la autonomía de las organizaciones intermedias; al diseño del nuevo sistema electoral y a la cantidad de parlamentarios y distritos; a los alcances de la libertad sindical y del derecho a huelga; al rango de los tratados internacionales; y a las libertades de elección en educación y salud.
Finalmente, Piñera enfatizó en que, de la mano de una nueva Carta Magna, Chile poseerá «la gran posibilidad de terminar su segunda transición» y avanzar hacia el desarrollo y la sabiduría.