La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este miércoles, en general, el proyecto que pone fin al Crédito con Aval del Estado (CAE) y que en su lugar instaura el sistema de Financiamiento Público para la Educación Superior (FES).

Con esto, una de las iniciativas emblemáticas del Gobierno de Boric, avanzó al Senado con 80 votos a favor, 51 en contra y 6 abstenciones.

La iniciativa unifica los actuales sistemas de financiamiento, es decir, en este marco se incluyen: recompra de cartera, recarga, ejecución de garantías, aplicación de Ley 20.634, becas y Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU), institucionalidad actual y recuperación de créditos de educación superior.

El proyecto señala que los futuros beneficiarios y beneficiarias deberán estar matriculados en una institución adscrita al nuevo instrumento. Además, deberán solicitar el beneficio con el compromiso de retribuir una vez insertos en el mercado laboral. También accederán quienes se encuentren actualmente financiando su educación superior a través del CAE o del Fondo Solidario.

Asimismo, el FES no generará una deuda formal para los estudiantes que lo utilicen y no considerará a los bancos. No habrá un préstamo ni tasas de interés, como es el caso de los créditos actuales. Tampoco requerirá de aval o de garantía para su asignación.

Además, el texto legal menciona que el instrumento cubrirá la duración formal de la carrera más un año adicional. También se puede realizar un único cambio de carrera y, en esos casos, se cubrirá 1,5 veces la duración de la carrera más larga más un año adicional.

Debate y reacciones

La discusión en la Cámara tuvo posturas divergentes. Para quienes respaldaron el proyecto este es un día histórico que responde a años de lucha y movilizaciones estudiantiles para terminar con un sistema de endeudamiento excesivo para acceder a la educación superior, tal como manifestó la diputada Emilia Schneider (FA).

La diputada Schneider, integrante de la Comisión de Educación de la Cámara, agregó que “muchas críticas de la oposición son infundadas” en cuanto se ha trabajado el texto en comisiones y se agregaron varias indicaciones.

Desde la oposición, el diputado Sergio Bobadilla (UDI) criticó que el Gobierno no acogiera las propuestas de su sector y, además, señaló que el Presidente Boric no cumplió con su promesa de campaña, en cuanto a la condonación total de la deuda.

Asimismo, la diputada Marcia Raphael (RN), indicó que “este proyecto no termina con el CAE y no condona totalmente las deudas estudiantiles”.

En tanto, el presidente de la Red G9 y Rector de la U. Técnica Federico Santa María, Juan Yuz Eissmann, manifestó que “la propuesta aún puede ser perfeccionada, en particular la revisión del copago a otros deciles y resguardar el límite a la retribución a los graduados”.

El rector agregó que “es en esta etapa donde tenemos la oportunidad y la responsabilidad de perfeccionar la propuesta. Como Red G9, insistiremos en que el nuevo sistema garantice la sostenibilidad de los diversos proyectos universitarios y reconozca nuestro rol público”.

Detalles legislativos

Los beneficiados con el FES asumirán la obligación de retribuir una vez transcurridos 12 meses después del egreso, la deserción o la eliminación académica. Las personas contribuirán en proporción a sus ingresos (hasta el 8%) y se aplicará la regla de dos años de contribución por semestre cursado, por un plazo máximo de 20 años.

Con los bancos fuera del sistema, la retribución se realizará a través de la Operación Renta, previo descuento mensual por planilla, para trabajadores dependientes. En el caso de trabajadores independientes, será por retención aplicada a boleta de honorarios. Eso sí, las personas estarán exentas de la retribución si su ingreso bruto mensual es igual o menor a 7,5 UTM.

El proyecto de ley tendrá tres áreas de impacto en las finanzas públicas. La primera será la creación del nuevo instrumento de financiamiento público para educación superior. Se suman a lo anterior, el plan de condonación y reorganización de las deudas estudiantiles, y las adecuaciones institucionales.

La ley implicará, durante el primer año, un mayor gasto fiscal de $4.420 millones y un menor desembolso por $47.209 millones. Esta situación se vería compensada en los ejercicios siguientes. Se agregan gastos netos por $77.380 millones el segundo año y ahorros netos totales, tanto el primer año como desde el tercer ejercicio, respecto de los gastos vigentes

Según la Dipres, se proyecta un mayor ahorro de 0,013% del PIB al año 1 producto de la reorganización de los desembolsos fiscales y se llegaría a 0,168% del PIB al año 10.

Condonación

El texto, paralelamente, propone la condonación de deudas. Será de carácter voluntario para deudores al día y obligatorio para quienes tengan garantía ejecutada, del actual sistema de créditos educativos con participación del Estado. Estos refieren al crédito con aval del Estado (CAE) y los créditos del FSCU y Corfo.

Tras una indicación en la Comisión de Hacienda, se permitirá que los beneficiarios del FES puedan optar a un porcentaje entre 50%, 75% o 100% del arancel regulado y derechos básicos de matrícula. Asimismo, se dispuso un límite máximo de 80.000 cupos para la primera postulación al FES. Se distribuirán en 56.000 para financiamiento al 100%; 8.000, al 75%; y 16.000 al 50%.

Estas enmiendas generarían un menor gasto fiscal por $65.692 millones durante el año de implementación y el monto se reduciría en el tiempo. Además, a la condonación por pago anticipado, podrán acceder quienes paguen el total de su deuda tras la condonación inicial y se les rebajará el 25% del total.

Finalmente, quienes ya saldaron su deuda CAE tendrán derecho a un beneficio tributario, que se extenderá por 20 años. Este consistirá en una rebaja del impuesto Global Complementario o impuesto de 2da Categoría, correspondiente a 4 UF anuales, para personas egresadas y a 6 UF anuales en caso de no haber terminado sus estudios.