La Secretaría Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos del Biobío y la Corporación de Asistencia Judicial de la Región del Biobío continúan fortaleciendo su trabajo coordinado para resguardar el acceso oportuno y efectivo a la justicia de niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos en la provincia de Concepción.
Durante la última semana, ambas instituciones han impulsado dos acciones judiciales orientadas a la protección integral de víctimas de alta vulnerabilidad, mediante la presentación de querellas patrocinadas por el programa especializado “La Niñez y la Adolescencia se Defienden” (NAD) de la CAJ Biobío.
La más reciente acción legal fue interpuesta tras los graves hechos registrados en la comuna de Tomé, donde un sujeto fue formalizado por delitos de abuso sexual reiterado contra una niña de 11 años. El caso quedó al descubierto luego de que familiares de la víctima accedieran a registros audiovisuales elaborados por la menor para denunciar lo ocurrido.
Hugo Jara Oliva, coordinador (S) del programa NAD en la Región del Biobío, explicó que la querella busca asegurar la debida persecución penal de los responsables y resguardar los derechos de la víctima durante todo el proceso judicial.
Este caso se suma a la acción judicial presentada la semana recién pasada, a raíz de la agresión sufrida por una niña en Concepción, situación que generó amplia preocupación pública y frente a la cual las instituciones activaron mecanismos de coordinación y protección jurídica para evitar nuevas vulneraciones y garantizar acompañamiento especializado.
El seremi de Justicia y Derechos Humanos del Biobío y presidente del Consejo Directivo de la CAJ Biobío, Robert Contreras Reyes, subrayó que “ante estos presuntos hechos de los cuales hemos tomado conocimiento señalamos que son inaceptable, por lo que nos haremos cargo con acciones legales implacables y perseguiremos criminalmente a los responsables ante los tribunales de justicia”.
Ambas instituciones reiteraron su compromiso con el fortalecimiento de las redes de protección y acceso a la justicia, promoviendo acciones coordinadas que permitan resguardar la integridad, dignidad y derechos de niños, niñas y adolescentes en toda la región.
