Por Gonzalo Vial Luarte
Director Ejecutivo de Huella Local
El pasado 28 de octubre se celebró el día del funcionario y de la funcionaria municipal, una fecha idónea para resaltar su abnegada dedicación y para dar valor a su histórica contribución al desarrollo de las comunidades donde trabajan. A su vez, la conmemoración nos permite ahondar en las dificultades y desafíos que deben enfrentar estos trabajadores, sobre todo en los territorios más rezagados.
Más allá de recordar la abismal brecha presupuestaria entre municipios en Chile, es menester abordar aspectos tan relevantes para los funcionarios que desempeñan labores en estos espacios, las cuales suelen pasarse por alto en la discusión pública. Algunas de ellas son, por ejemplo, la calidad jurídica de estos trabajadores; la transparencia en los procesos de reclutamiento o en la evaluación del desempeño personal; la percepción en torno a la gestión del cambio o el proceso de modernización de las municipalidades; así como la existencia de garantías que aseguren su bienestar (todo en pos de la labor de desarrollo territorial que debieran ejercer).
Por otro lado, desde el punto de vista de la institucionalidad, solo el 31% de los trabajadores en municipios tienen título profesional, de acuerdo al reporte de la AMUCH de 2019. En esa línea, es clave preguntarse cómo podemos asegurar más capacitaciones para quienes desarrollan sus funciones en estos órganos del Estado, con el fin de poder contar con los conocimientos necesarios y pertinentes para adaptarse a los cambios que la coyuntura y la legislación exigen, sumado al financiamiento para atraer el mejor capital humano a las comunidades a través de los municipios.
Existe un consenso transversal respecto a la necesidad de fortalecer a las municipalidades como actores relevantes en la descentralización y avance del país, tal como lo refrenda la Agenda Social Urbana desarrollada por el CNDU en 2020. Bajo esa premisa, se debe reconocer el valor del trabajador municipal, persona fundamental para contribuir a cimentar un desarrollo equitativo en los diversos territorios y, también, para promover el trascendental proceso de distribución de competencias entre los distintos niveles de gobernanza potenciando el nivel local.
Esta forma de percibir el rol de los gobiernos locales y también regionales, se expresaba con claridad en la propuesta de la Convención Constitucional de 2022, lo que además recibió apoyo transversal en la discusión constitucional. Lamentablemente, sólo se ha acogido parcialmente en cuanto a la condición de gobierno que se les otorga, aunque el panorama es bastante menos auspicioso en cuanto al financiamiento, dado el detrimento en los ingresos que podría significar la exención de contribuciones de la primera vivienda.
Actualmente podemos leer y escuchar muchos discursos en favor de un país más descentralizado a nivel político, fiscal y administrativo, pero pocas medidas concretas en torno a la modernización de la gestión municipal en los próximos años.
Los funcionarios municipales son la cara visible y la puerta de entrada al Estado para muchos ciudadanos en nuestro país. Bajo esa lógica, es importante dotarlos de mayor seguridad, garantías, y potenciar su capital humano, valorando el rol fundamental que tienen en nuestra sociedad, en favor de las comunidades más rezagadas.