Autoridades regionales, representantes de la academia y de la sociedad civil conformaron este miércoles el Comité Regional de Escazú. La instancia estratégica impulsa la implementación del Acuerdo de Escazú en Chile y donde Biobío es una de las cinco regiones pioneras en instalar esta gobernanza en el país.
tratado internacional del que nuestro país forma parte desde 2022.

“Nuestro país está llevando la batuta a nivel latinoamericano para aumentar la capacidad de acceso a la justicia y a la democracia en temas ambientales”, dijo el seremi de Medio Ambiente, Pablo Pinto, y añadió que “estamos conformando el comité regional que está integrado por instituciones públicas, organizaciones ambientales, empresas privadas, gremios y la academia”.

Biobío es una de las cinco regiones pioneras en el país para constituir este comité, junto a Coquimbo, Los Ríos, Aysén y Magallanes, con la finalidad de fortalecer la transparencia, el acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia en temas ambientales.

“Ésta es una de las cinco regiones del país que está implementando este comité, con todas las voces y opiniones necesarias que van en la línea de lo que hemos planteado a la hora de hablar de gobernanza, en materia de desarrollo social, trabajo, inversión, pero también de resguardo irrestricto del patrimonio natural”, expuso el delegado presidencial regional, Eduardo Pacheco.

María Francisca Rubio, presidenta nacional de Codeff, indicó que la iniciativa “nos parece estratégico, porque Biobío es una región con muchos recursos naturales y una economía en base a la extracción de recursos que la potencia, pero que también debemos cuidar”.

El comité tendrá como labor buscar estrategias para articular esfuerzos entre Estado, sociedad civil, academia y sector privado, impulsando una gestión ambiental participativa y con enfoque territorial.

Alejandro Casagrande, Presidente Corma Biobío y Ñuble, indicó que la instancia es “un lugar de encuentro de diferentes actores, dialogando sobre un tema que para nosotros es fundamental”.

El Acuerdo de Escazú, del que Chile forma parte desde 2022, busca que los ciudadanos tengan la posibilidad de proteger los derechos ambientales para corregir daños y resolver conflictos que afectan el ambiente. Por ello, mejora el acceso a la justicia ambiental, insta a que Chile tenga más participación pública, eleva los estándares de la generación y entrega de información ambiental, y protege a defensoras y defensores de Derechos Humanos en materia ambiental.