El concepto de “derrota cultural” es uno de los que con mayor fuerza se ha escuchado en la centroizquierda chilena tras los resultados del plebiscito de septiembre de 2022 y de la elección de consejeras y consejeros constitucionales del pasado 7 de mayo.
Se trata de dos procesos electorales especialmente sensibles para las fuerzas del actual oficialismo, que han impulsado durante décadas la necesidad de una nueva Carta Magna para Chile.
En el Consejo Constitucional, la segunda etapa del tercer proceso constituyente de la última década, el escenario se ve aún más adverso para los representantes de este sector político, relegados a una expresión minoritaria frente al avance del Partido Republicano.
Sin embargo, consejeras y consejeros de distintos puntos del país pertenecientes a la lista Unidad para Chile (Partido Socialista + Apruebo Dignidad) no pierden la esperanza y confían en que a partir del diálogo transversal y aprendiendo de las lecciones pasadas, se cumpla el objetivo de contar con “un texto que pueda ser abrazado como suyo por una amplia mayoría de las chilenas y chilenos”, como lo planteara el Presidente Gabriel Boric durante la última cuenta pública.
Para Paloma Zúñiga (RD), consejera por la Región del Biobío, la composición del órgano constituyente afecta las expectativas en torno al proceso, pero al mismo tiempo, el ánimo de llegar a acuerdos permitiría alcanzar “un texto que haga sentir parte a la ciudadanía, rescatando la diferencia”.
Entre los temas que buscará impulsar al interior del Consejo Constitucional, Zúñiga indicó que confía en potenciar nuevos elementos en la discusión sobre derechos sociales (salud, educación, vivienda y pensiones). Asimismo, en materia de seguridad, planteó que es importante “avanzar hacia instituciones con mirada de futuro”.
Si bien manifestó que “tenemos que el avance del proceso para saber si la disposición al diálogo es transversal”, la consejera electa agregó que el trabajo en conjunto será “la clave” para llegar a buen puerto.
Zuñiga adelantó que, en materia de vinculación con la ciudadanía, buscarán mantener el contacto a través de redes sociales y que junto a su equipo “harán todo lo posible” por concretar encuentros en el territorio, a pesar de que estos sólo podrán ser los fines de semana.
Una visión similar expuso Jessica Bengoa (CS), consejera por la Región de Magallanes, quien sostuvo que la construcción de la nueva Carta Magna no puede desconectarse de los intereses ciudadanos.
En este sentido, reafirmó la disposición a generar “puntos de encuentro con otras fuerzas democráticas, sin dejar de lado las diversas demandas que la ciudadanía ha enarbolado una y otra vez en los últimos años”.
De la plurinacionalidad al reconocimiento de los pueblos originarios
Uno de los temas centrales en la discusión del anterior proceso constituyente fue la relación del Estado de Chile con los pueblos originarios. Mientras la Convención Constitucional incorporó los escaños reservados en su origen y la plurinacionalidad en su propuesta final, el actual escenario considera a tres consejeros pertenecientes al pueblo mapuche: Alihuen Antileo (elegido a través del mecanismo supernumerario para pueblos originarios), Kinturay Melin y Julio Ñanco.
Kinturay Melin (RD) es la única representante del oficialismo en la Región de la Araucanía e insistió en la importancia de “escuchar al otro” para concretar acuerdos “que quizás no dejen contentos a todos los sectores, pero que no vayan en desmedro de la sociedad”.
Su prioridad, manifestó, será el reconocimiento integral de los pueblos originarios. Para Melin, en este proceso “veremos la capacidad de diálogo de la derecha y la ultraderecha y si realmente quieren solucionar el conflicto desde la violencia o desde el diálogo democrático”.
Asimismo, relevó al Estado social y democrático de derecho como “una idea de estabilidad”.
Su par Julio Ñanco (RD), consejero por la Región de Aysén y delegado de la bancada de Revolución Democrática e independientes, planteó que el principal desafío para las fuerzas oficialistas será, desde la minoría, “generar acuerdos y objetivos comunes” a partir de las doce bases constitucionales y el anteproyecto de la Comisión Experta.
Fuera de las doce bases está la plurinacionalidad, no obstante, Ñanco planteó que a partir del reconocimiento de los pueblos originarios, inédito en la historia constitucional chilena, “esperamos que eso se materialice en derechos” y anticipó un trabajo coordinado en estos temas junto a sus pares Antileo y Melin.
Junto con valorar la disposición al diálogo de los distintos sectores, abordó además un tema que será clave luego de la primera sesión del Consejo: la conformación de las subcomisiones encargadas de abordar los distintos temas que debería incluir el proyecto constitucional.
«Nada está dicho de antemano»
Aldo Valle (IND-PS), vicepresidente del Consejo Constitucional y consejero por la Región de Valparaíso, describió el desafío de ser parte de este órgano como “una responsabilidad cívica con el país en su conjunto”.
Más allá de las diferencias políticas entre sus integrantes, afirmó, el diálogo “serio y leal” debe ser la clave, entendiendo que la Constitución “tiene que responder no sólo a las coyunturas políticas o a las contingencias políticas ni a los intereses o proyectos muy válidos que tengan determinados sectores o coaliciones”.
Consultado por el impacto que la mayoría republicana podría generar en la dinámica interna del órgano constituyente, el exrector de la Universidad de Valparaíso indicó que su regla en general es “primero escuchar y ojalá sobre esa base tener un diálogo que nos permita avanzar”.
En materia de participación ciudadana, sostuvo que la prioridad es “poner en ejecución los instrumentos que el mismo proceso ha considerado”, lo que ayudará a la tarea de “alcanzar una mayor pluralidad en los contenidos que requiere una constitución y las perspectivas con que esos contenidos se plantean”. Este esfuerzo, aseguró, “no puede ser individual”.
Respecto del debate propiamente tal, reiteró la necesidad de contar con una Constitución que garantice equilibrios y la capacidad de “habilitar que la democracia se exprese y le haga sentido a la gran mayoría de la ciudadanía”.
En un tono similar, María Pardo (CS, Región de Valparaíso), delegada de la bancada Partido Comunista – Convergencia Social, aseguró que llega al Consejo Constitucional “con el ánimo de trabajar arduamente para lograr una Constitución que sea lo mejor para todos y todas”. Más allá de la composición del órgano, planteó, “nada está dicho de antemano”.
Para cumplir con el objetivo, puntualizó, se requerirá “una actitud abierta, un diálogo con altura de miras y disposición a trabajar coordinadamente y unidos”.
La consejera por Valparaíso indicó que buscará “que terminemos este proceso ofreciéndole a la ciudadanía una Constitución profundamente democrática, cuyas instituciones funcionen”. Además, recalcó su compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres.
Junto con reiterar la importancia de participar en los mecanismos formalmente establecidos en el proceso constitucional, Pardo adelantó que “vamos a buscar los canales necesarios para mantenernos en conexión con la ciudadanía”.
Evitar los «errores estratégicos»
Para el Dr. Christopher Martínez Nourdin, académico del Departamento de Administración Pública y Ciencia Política UdeC, ser minoría no implica «quedarse callados o no hacer uso de los medios para manifestar posiciones que quizás son las que reflejan a su sector o que creen ellos que puedan reflejan a un sector más amplio».
La discusión sobre derechos sociales, planteó, podría ser una oportunidad, teniendo en cuenta que «hay margen para impulsar ciertos temas. Así lo hizo la derecha en el proceso anterior, a pesar de que no tenía ninguna chance».
Sin embargo, advirtió que la vinculación con los movimientos sociales podría transformarse en un «error estratégico», entendiendo que es un tipo de «repertorio político» que ya no será atractivo para los electores más moderados.
El investigador destacó finalmente el «espíritu de cooperación y saber ceder» que dejó la Comisión Experta y sostuvo que el anteproyecto puede convertirse en el «punto cero» del funcionamiento del Consejo, al menos, para las fuerzas políticas partidarias más moderadas, entendidas como aquellas «a la izquierda de Republicanos».