Por Pablo Castillo Jofré
Coordinador del Equipo de Litigación Internacional en Derechos Humanos de la Universidad de Concepción (LIDDHH UdeC)

El cine, ese espejo de la realidad que a veces nos permite ver más allá de lo evidente, nos regaló «Argentina 1985», una película que entre otras cosas nos hizo reflexionar sobre la importancia de la justicia civil en la confrontación de los fantasmas de la dictadura. Hoy, en Chile, nos encontramos ante un proyecto de ley que bien podría ser el guion de una secuela no deseada: la propuesta de que los delitos comunes cometidos por funcionarios de Carabineros y Fuerzas Armadas contra civiles sean juzgados por tribunales militares.

La justicia militar, presentada por sectores del parlamento como una alternativa «más justa», nos obliga a cuestionar su verdadera naturaleza. Si creemos que la justicia militar es superior a la ordinaria, estamos admitiendo que hemos fallado a la ciudadanía, sometiéndola a un sistema que no consideramos justo. Y si desconfiamos de jueces y fiscales, entonces el problema es aún más profundo.

La imparcialidad es esencial en cualquier sistema de justicia. Juzgar a un funcionario por sus pares es abrir la puerta a la subjetividad, a la posibilidad de que intereses institucionales prevalezcan sobre la búsqueda de la verdad. La independencia, por otro lado, es la piedra angular de la imparcialidad. Un sistema donde el investigador es también juez es un sistema que se juzga a sí mismo. La justicia militar carece de los estándares mínimos de un debido proceso.

La clave para sanar las heridas del país, no reside en la división, sino en la unión de esfuerzos hacia la legitimidad y la justicia. La reconciliación de una nación con su pasado y la construcción de un mejor futuro van de la mano con la confianza en que los procesos judiciales son justos, imparciales y respetuosos de los derechos humanos. Sin esta confianza, la reconciliación es frágil y la paz, insostenible.

En la tramitación del proyecto de ley de las Reglas de Uso de la Fuerza la fragilidad de nuestra institucionalidad quedó al descubierto. Por un par de votos, estuvimos a punto de retroceder décadas en materia de derechos y justicia. Pero no podemos permitirlo. No podemos legislar en el altar de la coyuntura.

La justicia no es sólo un concepto abstracto, es el pilar sobre el cual se construye la confianza en nuestras instituciones. No podemos permitir que se convierta en un instrumento de dos caras, donde algunos son más iguales que otros. Es hora de defender lo que con tanto esfuerzo hemos construido y asegurarnos de que la justicia, en todas sus formas, sea verdaderamente justa para todos.