Tres personas resultaron detenidas este martes en Concepción, durante las fiscalizaciones realizadas por Carabineros en el primer funeral de alto riesgo registrado en la región, desde que entró en vigencia la nueva ley que regula estos hechos. Los prófugos fueron capturados en el contexto de las exequias de uno de los integrantes de la banda «Los Vejar».
Recientemente, el 28 de mayo, comenzó la implementación de la ley que establece normas para la realización de funerales de riesgo, y que tiene por objetivo prevenir la ocurrencia de eventos delictivos y actos de violencia e inseguridad social.
“Regula una problemática que ya se venía haciendo habitual, en el contexto de situaciones de riesgo que generaban estos funerales y que tenían aparejados ciertos delitos”, explicó el académico del Departamento de Derecho Penal UdeC, Jorge Lorca Rodríguez.
La calificación de funeral de alto riesgo debe ser efectuada por el delegado o delegada presidencial previo informe técnico de Carabineros. En concreto, la ley limita el plazo para llevar a cabo la sepultura y determina criterios y condiciones para realizarlos, estableciendo que en un máximo de 24 horas desde la notificación se debe concretar la totalidad del proceso funerario.
Lo anterior comprende la inscripción de defunción en el Registro Civil, la identificación y el traslado del fallecido desde el lugar del deceso o desde el Servicio Médico Legal hasta donde será la sepultación o cremación. Además, la inhumación se llevará a cabo dentro de un cementerio o crematorio autorizado por el Código Sanitario.
Al ser consultado sobre las críticas que ha levantado la ley entre quienes opinan que regular estos funerales puede contribuir a normalizar hechos de violencia, el también fiscal de Concepción expuso que “más allá de los antecedentes delictuales de una persona, no le resta que tenga familiares o deudos con el derecho a sepultar dignamente a quien ha fallecido. Es un derecho humano esencial, indistintamente de su historial delictual”.
Desde 2019 se han realizado 2.305 funerales de estas características y, de ellos, 133 se han registrado durante este año. Si bien, el 71% corresponde a la Región Metropolitana, Lorca indicó que “proporcionalmente, pareciera que nuestra región en cantidad no fuera tal, pero hemos tenido situaciones de conmoción pública, relacionadas con personas que están ligadas a bandas criminales o a organizaciones que se dedican a distintos tipos de delitos”.
“La misma ley establece que las instituciones deben propender a la eficacia y a la coordinación, para garantizar que se cumpla la normativa y que, en definitiva, se eviten los desórdenes o alteraciones al orden público”, mencionó el abogado en relación a las gestiones de los distintos organismos involucrados.
Además, señaló que “el rol principal es de la delegación presidencial, órgano encargado de decretarlos, y la operatividad radica en Carabineros, quienes son los responsables de elevar los informes”.
A ello agregó que “todo esto se coordina a través de plataformas electrónicas con contrapartes técnicas, y hay que celebrar convenios interinstitucionales para poder tener comunicaciones expeditas, porque hay plazos bastante perentorios”.
En relación a los posibles delitos que se cometan en el marco de estos funerales, se establece que las penas aplicables excluirán el grado mínimo.
Lo anterior contempla ilícitos cometidos dentro del cementerio o crematorio, así como aquellos que puedan ocurrir en las inmediaciones o durante el traslado del cortejo.
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