Un rechazo generalizado causó el informe de Contraloría que detectó a más de 25 mil funcionarios públicos que viajaron fuera del país mientras se encontraban con licencia médica, durante 2023 y 2024. A medida que pasan los días, van surgiendo nuevos, y más cuestionables, antecedentes.
El Artículo 111 de la Ley 18834, conocida como Estatuto Administrativo, establece que “se entiende por licencia médica el derecho que tiene el funcionario de ausentarse o reducir su jornada de trabajo durante un determinado lapso, con el fin de atender al restablecimiento de su salud, en cumplimiento de una prescripción profesional certificada por un médico cirujano, cirujano dentista o matrona”, y a ello agrega que “durante su vigencia el funcionario continuará gozando del total de sus remuneraciones”.
Sobre ese último punto, Carlos Umaña, director del Departamento de Administración Pública y Ciencia Política UdeC, explicó que “la diferencia en el sector público es que los servicios las pagan”.
El académico destacó el trabajo efectuado por la institución liderada por Dorothy Pérez, argumentando que “cuando vemos los datos, la revisión de más de 5 millones de licencias médicas, la Contraloría puso un punto muy relevante de discusión y hay que relevar en eso cómo se está reposicionando y cómo se fortalece el órgano contralor, porque hace algunos meses escuchábamos a la contralora decir que la Contraloría tiene que llorar para obtener su financiamiento en el presupuesto y eso es importante de relevar”.
Además, se refirió a los efectos negativos de estas ausencias laborales irregulares, ya que entorpecen el correcto funcionamiento de los servicios públicos, debido a que los problemas de dotación afectan los trámites solicitados por la ciudadanía.
Sobre las actitudes éticas en tela de juicio, Umaña indicó que “hay un problema de ética del funcionario y un problema de cultura dentro de nuestras organizaciones públicas, y ahí hay un asunto importante, y por eso vuelvo a relevar el cómo se fortalecen las capacidades institucionales en todo tipo de servicio y, en particular, de los órganos contralores, a partir de los resultados que está mostrando la Contraloría”.
Según consigna Emol, hace una semana la directora de Presupuestos del Ministerio de Hacienda (Dipres), Javiera Martínez, anunció que la cartera instruyó a los servicios públicos que, en un plazo de 72 horas, iniciaran sumarios a los funcionarios que hicieron mal uso de licencias médicas. La medida, busca no sólo acciones disciplinarias, sino que también se inicien los reintegros de esas licencias que se usaron en viajes fuera del país.
Al respecto, y considerando que es un año electoral, Umaña expuso que “en momentos críticos los liderazgos juegan un rol importante y los discursos públicos que se instalan son riesgosos. Cuando se dice ‘25 mil funcionarios, 25 mil sumarios y 25 mil destituciones’ es un tema complejo, porque son 25 mil sumarios que dependen de distintas instituciones y jefes de servicios. ¿Qué va a pasar en un municipio donde un alcalde decide que esto acredita destitución y en el otro no? ¿Cuáles son los criterios comunes? Esto va a generar un problema mayor”.
Finalmente, el académico mencionó otro punto relevante: “nos estamos enterando por la Contraloría, pero muchas de las instituciones que presentan estos problemas, como municipios o gobiernos regionales, tienen órganos colegiados de fiscalización, entonces qué pasa con los concejos municipales y con los consejos regionales, porque la ley establece garantías para que estos órganos puedan fiscalizar”.
La contralora Dorothy Pérez anunció que extenderán la revisión de las licencias médicas hacia las Fuerzas Armadas y Carabineros, mediante una investigación a la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena) y a la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca).
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