En el marco de su visita a la Región del Biobío, para participar del encuentro empresarial Impulsa 2026, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, defendió la propuesta de Reforma Constitucional Pro Seguridad, mediante la que el gobierno busca introducir cambios en la Carta Magna para proteger a la ciudadanía frente al actuar del crimen organizado y el terrorismo.
El secretario de Estado quitó importancia a las críticas y defendió los lineamientos trazados hasta ahora.
Por 27 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, el Senado respaldó prorrogar la vigencia del estado de excepción constitucional de emergencia, en la Región de La Araucanía, y las provincias de Arauco y del Biobío.
Arrau se refirió también a la medida que se extenderá por 30 días, desde el 23 de agosto, y busca mantener las condiciones de seguridad en la zona, facilitar el libre tránsito y fortalecer la coordinación entre las Fuerzas Armadas, las policías y el Gobierno.
La reforma busca crear un nuevo Estado de Excepción para enfrentar “graves alteraciones de seguridad pública causadas por organizaciones criminales o terroristas”, por lo que permite que el Presidente decrete este estado de excepción para actuar en barrios, polígonos o territorios capturados por organizaciones criminales.
Arrau explicó los alcances de esta medida que, según el gobierno, “tendrá una duración acotada, se renovará tras ser aprobada por el Congreso y las Fuerzas Armadas podrán apoyar a las policías en tareas de vigilancia, logística, control perimetral o apoyo técnico. Este estado de excepción permitirá establecer controles de desplazamiento y reunión, así como requisar bienes y acceder a telecomunicaciones, entre otros aspectos”.
Además, la reforma propone la creación de un registro para reconocer oficialmente a determinadas organizaciones como criminales o terroristas. El Estado, mediante decisión fundada del Ejecutivo y con control del Senado, podrá calificar a esa organización en base a criterios objetivos. También se establecen regímenes penitenciarios diferenciados para los líderes de organizaciones criminales o terroristas y se facilita la incautación y liquidación de los bienes del crimen organizado, narcotráfico y terrorismo.
Finalmente Arrau se refirió a otros proyectos que forman parte de la agenda de seguridad.
Al ser consultado sobre si hubo premura al presentar la reforma, el ministro expresó que “hemos presentado una propuesta, hay puntos de discordancia y las principales críticas que se han recibido han sido los plazos del Estado de Excepción”.
El 10 de agosto el Presidente José Antonio Kast firmó el proyecto de ley de Reforma Constitucional Pro Seguridad, en el marco de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), presentada por el mandatario la primera semana de agosto.
Crédito foto: Diario Constitucional.
