El pasado jueves 21 de diciembre el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, llegó hasta Caleta Quintay en la Región de Valparaíso a presentar la nueva Ley de Pesca. “Necesitamos una nueva y buena Ley de Pesca para Chile, una ley que sea justa, una ley que asegure la sostenibilidad de los recursos”, afirmó el Jefe de Estado en ese momento.

El proyecto responde tanto al compromiso que asumió Boric en su cuenta pública de 2023 como al recurrente cuestionamiento a la legislación, promulgada a comienzos de 2013, debido entre otros escándalos al llamado caso Corpesca, donde, según determinó el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, entre 2009 y 2013 una de las principales empresas pesqueras del país sobornó tanto a Jaime Orpis (UDI) como a Marta Isasi (IND. ex UDI) mediante pagos por $209 millones y $11 millones, respectivamente.

Por lo mismo, al presentar la iniciativa, el Mandatario sostuvo que la actual Ley de Pesca “no tiene la legitimidad ni cumple con los estándares que la democracia exige”.

En general, el proyecto cuenta con 5 ejes principales: Desarrollo sostenible de la actividad pesquera; Equidad en el sector pesquero; Enfoque científico técnico; Transparencia en el sector pesquero y combate contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada; y Seguridad alimentaria y consumo humano.

Cuotas de captura y pesca ilegal

De acuerdo con lo señalado por el Gobierno, la ley vigente consolidó los denominados derechos históricos del sector industrial, creando las Licencias Transables de Pesca clase A (LTP-A), con una duración de 20 años y la posibilidad de ser renovadas. De hecho, la ley vigente consagró que al menos el 85% de cada pesquería se asignase mediante criterios Históricos (LTP-A), y solo un 15% mediante subastas públicas (LTP-B).

Estos criterios de asignación de la cuota pesquera para el sector industrial son, precisamente, una de las principales críticas a la legislación vigente, por atentar contra la libre competencia.

Por lo mismo, la nueva Ley de Pesca establece un régimen jurídico general para la actividad pesquera, de carácter sostenible, transparente y equitativo. En esa línea, establece un nuevo fraccionamiento de los recursos pesqueros entre el sector artesanal y el industrial en base a criterios científicos y de equidad interregional e intrarregional, así como un nuevo sistema de licencias transables de pesca para el sector industrial.

En detalle, la nueva legislación aumenta de un 15% a un 50% el porcentaje de los recursos que se asignan al sector industrial y que deben licitarse, disminuyendo de un 85% a un 50% el porcentaje que se asigna mediante criterios históricos de captura.

En entrevista con Radio UdeC, el ministro de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau, explicó que este fraccionamiento debiera tener un mayor impacto en el norte del país. “En el sur hay una distribución más equilibrada de los recursos en la legislación actual, por lo que los cambios son de menor intensidad”, comentó.

Empleo

En torno a las críticas desde la pesca industrial, particularmente desde los sindicatos y gremios de trabajadores por la afectación al empleo, el ministro explicó que en el caso de Biobío una parte mayoritaria que va actualmente a la industria se va a mantener en ese sector, y la cuota que se licite va a terminar en diferentes empresas, las que tendrán que cumplir normativas laborales y otras, generando incluso más y mejores plazas de trabajo.

Sin embargo, desde la pesca industrial se han mostrado críticos con lo que perciben como una nueva amenaza al empleo en la región, una de las principales zonas pesqueras del país.

Desde la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la industria pesquera de la región del Biobío, Robinson Cárcamo Garcés, tesorero de la agrupación, sostiene que el fraccionamiento afectaría a cerca de la mitad de las y los trabajadores formales y la incertidumbre sobre quiénes podrían adjudicarse estas cuotas de pesca atenta, incluso, contra la historia sindical del sector.

Cárcamo agrega que la legislación vigente permitió generar cierta estabilidad laboral durante los últimos 10 años, e insistió en que la reforma pone en riesgo, precisamente, esa estabilidad.

El representante de los sindicatos de pesca industrial plantea que, además del riesgo laboral que implica la reducción de la cuota, la nueva legislación “adolece de una plataforma social” que permita amparar a aquellas personas que queden sin trabajo.

En esa línea, la diputada María Candelaria Acevedo (PC) integrante de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos de la Cámara, sostiene que siempre ha estado preocupada por las temáticas relacionadas con el empleo, por lo que señaló que mantendrá “el compromiso” y “analizará de forma detallada” las implicancias que pueda tener la propuesta.

Además, la diputada se refirió al “Seguro Social” incluido en la iniciativa ingresada al Congreso, un conjunto de indicaciones tendientes a regular la actividad previsional y de salud de las personas que trabajan en la pesca, sobre todo en el sector artesanal.

Debate político

Considerando que para el Gobierno no ha resultado sencillo generar acuerdos con la oposición a la hora de legislar, la discusión de la nueva ley de pesca se anticipa tan compleja como otras iniciativas del Ejecutivo.

De todos modos, el ministro de Economía manifestó su optimismo en la tramitación legislativa, particularmente por las sesiones extraordinarias de la Comisión de Pesca de la Cámara, que incluirá reuniones en regiones y con los actores relevantes del medio.

Nicolás Grau reiteró, además, que el objetivo del Gobierno es aprobar esta legislación antes que termine su periodo.

Sin embargo, la diputada Acevedo señaló que la discusión “va a ser bastante larga”, sobre todo porque “hay parlamentarios que han acogido todos los argumentos que ha manifestado la industria, curiosamente, del mismo sector que ya fue enjuiciado por favorecer” al área industrial.

Por lo mismo, agregó, ésta debe ser “una tramitación lo más transparente y honesta posible”.

El mundo científico y la conservación del recurso

Dentro de los ejes de la iniciativa presentada por el Gobierno está el “Enfoque científico técnico”. “Resulta de vital importancia relevar y robustecer la investigación para la toma de decisiones en relación a la administración pesquera, de manera que permita transitar hacia un manejo de pesquerías que integre en los modelamientos, no tan solo el desarrollo tecnológico del sector pesquero sino que, además, las variaciones del ambiente, las relaciones interespecíficas y las coacciones antrópicas”, se lee en el texto de la ley propuesta.

El Dr. Renato Quiñones Bergeret, director del Centro INCAR y profesor titular del Departamento de Oceanografía de la Universidad de Concepción, señala que con la ley actualmente vigente se crearon los Comités Científicos y los Comités de Manejo.

En la práctica, los investigadores son los que determinan el máximo de captura de un recurso, límite que el ministro de Economía puede modificar hasta en un 10%, y luego los Comités de Manejo determinan finalmente la actividad pesquera “del día a día”.

Lo importante, sostiene Quiñones, es que “la sustentabilidad del recurso está, hasta cierto punto, garantizada por ese cambio en la ley de pesca de 2013”.

El investigador agrega que esta nueva regulación genera otra instancia, un Comité de Pares que tendría como misión la revisión extraordinaria de los acuerdos adoptados por el Comité Científico, aunque no se detalla completamente cómo funcionará en la práctica.

De todas maneras, Quiñones aclara que la conservación de los recursos pesqueros es un asunto de extrema complejidad y señala como ejemplo la pesca ilegal. Con la promulgación de la ley, el Estado (y los gobiernos de la época) no fue capaz de generar políticas sociales integrales para las comunidades costeras que se vieran afectadas por este “llamado a la realidad” -en cuanto a la abundancia real de los recursos pesqueros- que generaron los comités científicos.

Una de las consecuencias de esa falta de medidas paliativas fue el aumento de la pesca ilegal y no declarada, lo que atenta contra la conservación de los recursos, sobre todo en el sector artesanal debido a la dificultad de fiscalización.

“Mientras tengamos los niveles de pesca ilegal que tenemos en Chile, es imposible mantener la sustentabilidad de los recursos más importantes”, enfatizó Quiñones.

El tesorero de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la industria pesquera de la región del Biobío, Robinson Cárcamo Garcés, profundiza esta observación y señala que la merluza común es uno de los principales recursos que se pescan ilegalmente, además, en una zona donde no pueden ingresar las naves industriales, es decir, dentro de las primeras 5 millas marinas desde la costa.

Con todo, Renato Quiñones destaca que la legislación vigente contiene uno de los principios claves para la conservación: el “principio precautorio”. Éste plantea que “la falta de certezas o información científica no puede ser utilizada como excusa para no tomar medidas” que protejan el ambiente o la salud humana, por ejemplo.

La propuesta de ley agrega otro principio clave: el “principio preventivo”, que señala que “si hay claridad de que una acción va a producir daño, no se debería realizar”.

Otro aspecto, que para el investigador es clave y se mantiene con la nueva propuesta legal, es el enfoque ecosistémico de la pesca, lo que implica considerar “cuál es la relación de una actividad extractiva con otras pesquerías y con otras actividades del entorno y cómo alteran eventualmente el ecosistema”. Este enfoque incluso considera otros componentes, como eventos oceanográficos, contaminación y otros factores que inciden en la sostenibilidad de los recursos.

Ahora bien, de acuerdo con lo señalado por el director del Centro Incar, “el primer deber de un Estado que piensa en el mediano y largo plazo debería ser cómo se recuperan las pesquerías”, considerando que del total de los recursos que están siendo seguidos, alrededor del 50% está en categoría de “sobre explotación” o “agotado”.

Renato Quiñones insiste: “el primer desafío es la recuperación y protección de los recursos pesqueros y el ecosistema”. Luego hay que considerar el impacto socioeconómico que puedan generar las medidas que aseguran la conservación, que, en general, no son populares.

Precisamente, ese es el principal debate, cómo lograr un balance entre la sustentabilidad ambiental, económica y social, lo que debiera resolverse en la discusión parlamentaria.

Finalmente, Quiñones sostuvo que hay diferentes aspectos que serán complejos de abordar en la discusión legislativa, como la reserva de la primera milla náutica para embarcaciones de menor tamaño, ya que dependiendo de algunos factores las embarcaciones artesanales de mayor tamaño también pueden ingresar a esa zona. Esa misma discusión tiene un componente regional crítico en la costa entre Ñuble y Biobío, tras la separación administrativa de ambas regiones.

Con todo, tanto desde el mundo pesquero en general, a nivel artesanal e industrial, como desde el mundo académico y político se sigue revisando con atención todo el articulado de la nueva ley de pesca, con la expectativa de incidir en el debate legislativo.