Con 38 favor y una abstención, la Sala del Senado aprobó el informe de la Comisión Mixta respecto del proyecto que fija un nuevo fraccionamiento entre el sector pesquero artesanal e industrial. Con este resultado, la norma quedó en condiciones de ser promulgada como ley.
Algunos de los puntos que pasaron por la Comisión Mixta fueron el fraccionamiento de la reineta, de la anchoveta, de la sardina española y la merluza común. Este último, foco de polémica en la Región del Biobío.
Finalmente, la instancia estableció que el fraccionamiento de captura de la merluza común se determinará según las siguientes reglas: En caso que la cuota global de captura anual fijada sea igual o inferior a 35.020 toneladas, el fraccionamiento aplicable será de 45% para el sector pesquero artesanal y 55% para el sector pesquero industrial; si la cuota supera esta cifra, el exceso irá íntegramente a la fracción artesanal. Lo anterior, con un tope de un 50% para cada sector.
En cuanto al financiamiento de esta norma, se rechazó el sistema de subastas o licitaciones a la industria del jurel, con el que el Ejecutivo pretendía obtener $30 mil millones en promedio, en los próximos tres años. Dado lo anterior, se aprobó que los armadores industriales titulares de derechos que provengan de contratos de transferencia a cualquier título, debidamente autorizados para capturar cuotas de pesca dentro de la Zona Económica Exclusiva, deberán pagar una patente especial a beneficio fiscal. El valor de la patente ascenderá a 1,3 unidades tributarias mensuales por cada tonelada del recurso que se haya transferido en virtud de los contratos ya existentes. Con todo, el valor de la patente no podrá ser inferior a 250 unidades tributarias mensuales.
El ministro de Economía, Nicolás Grau, explicó que este cambio normativo “significa una redistribución del sector industrial al sector artesanal de 160 millones de dólares” y relevó la importancia de alcanzar “un equilibrio donde se corrigieran las injustas desigualdades que hay en la legislación actual”.
Grau sostuvo además que “se termina un capítulo de discusión compleja” y destacó la “total transparencia” del proceso y el “amplio apoyo” alcanzado en el Congreso.
El senador Gastón Saavedra (PS) indicó que esta normativa representa un avance sustantivo hacia una distribución más justa y equitativa de los recursos entre ambos sectores.
“La centralidad está en el reparto mayoritario para el sector pesquero artesanal y un reparto justo para la industria, más una patente que permite recaudar al Estado, desde la Región del Biobío, veinte millones de dólares”, señaló el parlamentario por Biobío.
Camanchaca: “Exigir una indemnización es lo justo”
Para los industriales, el balance es claramente negativo. El gerente general de Camanchaca, Ricardo García, criticó el impacto de la normativa y sostuvo que “el efecto será directo sobre el nivel de actividad, el empleo y los tributos a la renta que hoy genera el segmento más intensivo en mano de obra del sector”.
Esta “doble carga” (reducción de la fracción de cuotas y arancel), recalcó el ejecutivo, “frenará inevitablemente el desarrollo del sector, con un impacto más severo en la Región del Biobío, que es el corazón industrial de la pesca chilena. En el caso de Camanchaca, significará una caída superior al 20% en la producción de jurel para consumo humano, y ese menor volumen que va directo a pérdida de industrialización y empleo regional”.
García advirtió que “el Estado cambió las reglas anticipadamente para beneficiar a un grupo de pescadores semi industriales a costa del patrimonio de los industriales. Ante esto, no nos queda otra opción que acudir a la justicia para solicitar una indemnización que repare el daño causado a nuestros accionistas, entre los cuales hay fondos de pensiones que representan a más de seis millones de afiliados”.
En paralelo, el presidente de la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), Felipe Sandoval, sostuvo que “las pesquerías se han recuperado en los últimos diez años gracias a un esfuerzo de todos los actores, impulsados por una industria que ha estado muy comprometida en cuidar el recurso (…) vemos que todo ese esfuerzo se castiga, desconociendo los derechos asignados, mediante un traspaso de 450 mil toneladas anuales a la pesca artesanal, valoradas en 162 millones de dólares”.
El líder gremial criticó que no haya quedado una norma explícita que entregue certeza jurídica de que la nueva distribución no va a ser cambiada nuevamente antes de 2040, situación que “genera incertidumbre no solo para las empresas, sino para sus trabajadores, tripulantes, proveedores y comunidades enteras que viven de la pesca”.
