El Observatorio Fiscal de Corbiobío, junto al sector productivo, gremios, universidades y la Asociación de Municipalidades de la Región del BioBío, en sesión virtual revisaron el recién ingresado proyecto de ley de descentralización financiera de los gobiernos regionales, el que, tras un año de espera, evidenció vacíos y cuestionamientos, por lo que se acordó consensuar las propuestas de la región que serán entregadas a las bancadas regionalistas del Congreso Nacional, en el marco del traspaso de competencias, funciones y responsabilidades desde el gobierno central a los gobiernos regionales. Iniciativa contenida en el artículo 19, Nº 20, inciso 4º, de la Constitución Política.

Al respecto, el director de Corbiobío, Andrés Cruz, señaló que «estamos ad portas de elegir por votación al nuevo líder que debe impulsar el desarrollo de las regiones y que reemplazará al actual intendente. De ahí la urgencia de perfeccionar la Ley de Rentas Regionales, aumentar los presupuestos de inversión regional, determinando fuentes de financiamiento, criterios y mecanismos de distribución de recursos entre las regiones y al interior de ellas«.

Cruz enfatizó que «la facultad del Ejecutivo de modificar a través de un decreto, los recursos establecidos por la Ley de Presupuestos para las regiones, pone en riesgo la autonomía financiera de los gobiernos regionales. Asimismo, da un margen para que el gobierno central reasigne los recursos, según su valoración de los gobernadores regionales electos«.

«Por lo anterior, apoyamos el proyecto de reforma constitucional, que pretende fortalecer el principio de legalidad, para que los recursos que sean entregados por la Ley de Presupuesto a las regiones, disponiendo que todo traspaso o reducción de éstos, deba ser aprobada por ley«, puntualizó el director de Corbiobío.

En cuanto a las propuestas preliminares para la Ley de Rentas Regionales, que serán presentadas al Congreso, destacan las siguientes:

  • La Ley de Rentas Regionales debe establecer criterios y estructura de financiamiento de los gobiernos regionales.
  • Considerar ingresos propios, con fórmulas que apunten a redistribución de ingresos entre regiones y gastos de funcionamiento de Gores.
  • Desagregar los presupuestos ministeriales en asignaciones desglosables por región y comuna, además de implementar mecanismos de compra de los gobiernos y un mecanismo que reemplace a la provisión para emergencias.
  • Transparencia de información de los gobiernos regionales.
  • En transferencias de recursos desde el gobierno central, se debe considerar un fondo por externalidades negativas, fondo de convergencia para zonas de rezago y un fondo para el desarrollo económico-social.

Cabe consignar que Chile cuenta con un gasto público centralizado, pues sólo el 14,5% es ejecutado por el gobierno regional, cifra que deja al país rezagado del promedio de la OCDE.