La Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica son las instituciones encargadas de implementar la Iniciativa Popular de Norma, Audiencias, Diálogos y Consulta Ciudadana, los cuatro instrumentos que se emplearán para que la ciudadanía pueda incidir en la elaboración de una nueva Carta Magna.
Estos mecanismos estarán disponibles a partir del 7 de junio y previamente se entregará a la Comisión Experta la sistematización de la participación ciudadana en los procesos desarrollados desde 2016 a la fecha.
Claudia Heiss Bendersky, encargada de Audiencias Públicas de la Secretaria de Participación Ciudadana, explicó cómo funcionarán las Iniciativas Populares de Norma, las que abren la puerta para que se sugieran enmiendas al anteproyecto, lo que significa que desde el 7 de junio al 7 de julio se podrá suprimir, adicionar, sustituir o modificar normas.
En comparación a esta herramienta que ya fue usada en la Convención Constitucional de 2022, dijo que “es distinto del anterior, principalmente, porque no puede ser una iniciativa sobre cualquier aspecto, sino que tiene que ser lo que los abogados llaman una indicación, como si se estuviera revisando una norma en el congreso”.
En tanto, las Audiencias Públicas funcionarán como instancias en las que las personas, individual o colectivamente, serán recibidas para exponer su punto de vista respecto de algún tema tratado en el anteproyecto.
Éstas se podrán realizar ante comisiones del Consejo Constitucional o ante las universidades acreditadas, tomando en cuenta el criterio de distribución territorial. Se podrán solicitar del 7 al 14 de junio.
La académica de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile se refirió, además, al desafío que existe para lograr interés por parte de la ciudadanía.
El tercer instrumento, que funcionará del 7 de junio al 7 de julio, es el de los diálogos representativos o abiertos, en los que se deliberará sobre el anteproyecto. Serán representativos, porque participarán grupos convocados o abiertos, donde las personas se podrán autoconvocar para trabajar sobre una pauta emanada desde la Secretaría, tal como informó Heiss.
Finalmente, la Consulta también será una oportunidad de expresar una opinión sobre las normas del anteproyecto a través de una plataforma virtual.
Antes del desarrollo de los mecanismos, se entregó la sistematización de la participación ciudadana de procesos constituyentes desde 2016 a la fecha, con el fin de remitir toda esta información a la Comisión Experta y al Consejo Constitucional, cuando se constituya, para que lo tengan de insumo para su trabajo.
El pasado 7 de marzo inició su operación la Secretaría de Participación Ciudadana, acorde al mandato instituido en la Ley 21.533 de reforma constitucional.
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