Por: Leslie Aguayo González, Subdirectora Escuela de Salud y Educación, Instituto Profesional Virginio Gómez

Actualmente nos encontramos en una sociedad que envejece rápidamente debido a un descenso de las tasas de natalidad y de mortalidad, junto a un aumento de la expectativa de vida, asociado al fortalecimiento de políticas públicas sanitarias importantes que se han desarrollado en los últimos setenta años.

Sin embargo, en nuestro país, esta mayor esperanza de vida muestra un importante aumento de la morbimortalidad asociada a enfermedades crónicas no transmisibles (ECNTs) que representan la principal causa de pérdida de años de vida saludables (AVISA), siendo las enfermedades cardiovasculares la primera causa de mortalidad en Chile.

Si en la década de los 50 nuestra esperanza de vida era de 55 años, hoy se empina hasta los 80,7 años (83,2 en mujeres y 78,1 en hombres), proyectándose a alcanzar los 87,8 años en el 2050. Pero, el envejecimiento de la población no es solo un número, sino que es una fase fundamental de nuestra vida que merece mayor atención y respeto, prestando atención desde ya a vivirla en mejores condiciones.

Frente a este contexto, se han desarrollado diversas estrategias que permiten disminuir las dificultades en la población mayor, creando planes, proyectos, políticas y programas, tanto a nivel internacional como nacional, dirigidas a aumentar la vitalidad de las personas mayores, permitiéndoles disfrutar de esta etapa de la vida en mejores condiciones de salud.

Así, en nuestro país es de gran importancia el Plan Nacional de Salud Integral para personas mayores, el cual está vigente desde el año 2020 y proyectado hasta el 2030, que busca levantar un sistema de salud integral e integrado, que permita el desarrollo de acciones en distintas instancias que partan desde el hogar y pase por los diferentes niveles de atención de la salud pública, con la misión de entregar servicios de salud a las personas mayores asegurando su acceso, la calidad y sostenibilidad en el tiempo.

Con este fin se estableció en la Ley N°20.422 la atención preferencial, donde se instauran normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social tanto para personas con discapacidad como para personas mayores, que permitió la creación de planes de desarrollo de atención preferente en los centros de salud, facilitando el acceso a acciones de promoción, protección, recuperación y rehabilitación en salud.

A pesar de los esfuerzos, este aún se plantea como un sistema frágil para esta población, ya que, por ejemplo, el contexto vivido por la pandemia por COVID 19 conllevó a una disminución de los esfuerzos, afectando directamente a las personas mayores que han ido en retroceso en cuanto a sus condiciones de vida, con un alto impacto en las esferas biopsicosociales.

Por ello, uno de nuestros grandes desafíos es sumar calidad de vida a las personas mayores, abordar sus problemas de salud en conjunto con los determinantes sociales, a través del fortalecimiento de la red integrada de salud con profesionales y técnicos capacitados para una atención de calidad e integral, así como el mejoramiento de la infraestructura y equipamiento que permitan dar respuestas a las necesidades específicas de las personas mayores.