Alrededor de 19 mil viviendas serán construidas en la región del Biobío en el marco del Plan de Emergencia Habitacional impulsado por el Gobierno, el que forma parte de la nueva Ley de Integración Social y Urbana aprobada por el Congreso en marzo pasado. Dentro de los objetivos de la citada estrategia se encuentran el dar respuesta, justamente, al déficit de viviendas; recuperar el rol del Estado en la planificación habitacional; impulsar proyectos en la mayor cantidad de comunas; entre otras metas.

Durante la presentación, el presidente de la República, Gabriel Boric Font, enfatizó en que el plan debe entenderse «como una política de Estado», de tal manera que las bases que se desarrollen durante estos cuatro años puedan ser ampliadas por futuros mandatarios. «Esto no es algo de lo cual un gobierno u otro pueda sencillamente vanagloriarse porque va a continuar más allá de nosotros», detalló al respecto la máxima autoridad del país.

En tanto, el ministro Carlos Montes explicó que la estrategia también busca fortalecer «el derecho a la vivienda digna con opciones claras, el enfoque de género, la descentralización, la participación, la planificación y la asociación público-privada».

Bajada local

De las 260 mil viviendas comprometidas a través del plan, 18 mil 896 serán construidas en la región del Biobío en un plazo no superior a cuatro años. Por ello, la seremi de Vivienda y Urbanismo, Claudia Toledo, sostuvo que junto con los equipos zonales ya se encuentran trabajando en los detalles del plan, pero que de momento se sabe que «habrá algunos focos donde estarán concentradas (las viviendas), pero eso no significa que descuidaremos el resto de la región. Tenemos una mirada descentralizadora».

Respecto del alcance de la medida sobre el déficit habitacional, la seremi aclaró que con ese número de viviendas esperan cubrir, al menos, «el 50% del déficit».

Cabe destacar que este Plan de Emergencia Habitacional también ha planteado como metas el robustecer el Banco de Suelo Público, es decir, los terrenos fiscales disponibles para construir soluciones habitacionales; diversificar las formas de acceso a la vivienda a través de la autogestión, las cooperativas, entre otras formas de organización; impulsar el arriendo a precio justo; y establecer procesos de producción habitacional más eficientes, modernos y sostenibles.

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