El Presidente de la República, Gabriel Boric, promulgó este lunes la Ley de Delitos Económicos y Medio Ambientales relevando que la normativa “contribuirá justamente a recuperar las confianzas que se han dañado en los últimos años”.

Un objetivo clave de esta ley es combatir la impunidad económica, por lo que introduce un tratamiento distinto de la criminalidad económica en comparación con la criminalidad común, reconociendo los daños sociales significativamente mayores que puede provocar la criminalidad económica.

“Por muchos años la ciudadanía ha visto con impotencia cómo los llamados delitos de cuello y corbata suelen recibir castigos menores que otros delitos, aun cuando involucran grandes sumas de dinero”, afirmó el Mandatario y agregó que “hay una percepción en la ciudadanía de que, a veces, parecieran existir dos justicias, una para ricos y una para pobres”.

El propósito central de la ley es prevenir la comisión de delitos económicos a través de la imposición de mayores exigencias a las personas jurídicas y sus sistemas de cumplimiento interno, así como a los directivos y gerentes de las empresas. Si las empresas adoptan adecuadamente las exigencias de esta ley, se debería reducir significativamente el número de infracciones de este tipo.

En esa línea, junto con recordar las “vergonzosas clases de ética” y los casos de colusión que se han dado en Chile, Farmacias, pollos, papel higiénico, el mandatario indicó que “cuando la ciudadanía siente y ve que ha habido impunidad o una vara distinta para juzgar a unos u otros, se pierde la cohesión social y se debilita la confianza pública”.

Boric agregó que la promulgación de esta ley es uno de los avances y cambios más importantes al sistema Penal, valorando de un modo distinto este tipo de delitos por las consecuencias sociales que provoca.

Además, el mandatario detalló que la ley termina con los “tratos especiales” para las personas condenadas por delitos tributarios, tipificándose nuevos delitos y restringiendo las penas que puedan cumplirse en libertad.

Igualmente, la ley establece que las personas que sean condenadas bajo esta ley no podrán ejercer cargos públicos ni gerenciales y estarán impedidos de suscribir contratos con el Estado.

Finalmente, Boric valoró los acuerdos parlamentarios transversales para discutir esta ley y se refirió a los intentos de algunos gremios empresariales por modificar esta nueva regulación, incluso recurriendo al Tribunal Constitucional, señalando que “con esta ley tenemos un sistema más sólido para recuperar las confianzas”.

En cuanto a la ley promulgada, ésta:

  • Establece categorías de delitos, para calificarlos como “delitos económicos” y hacer aplicable el estatuto diferenciado de penas y otros efectos.
  • Establece un sistema especial de determinación de la pena, de sustitución de penas, de determinación y cuantía de la multa y de inhabilitaciones especiales.
  • Actualiza algunos delitos y crea otros nuevos.
  • Agrega regulación sobre el comiso de ganancias.
  • Establece modificaciones a la ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, ley N°20.393.