En compañía de los ministros de Desarrollo Social, Justicia y Educación, el Presidente Sebastián Piñera promulgó la ley que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia. El Servicio Mejor Niñez atenderá a aproximadamente a 250 mil menores por año, y dispondrá de recursos por $340.000 millones, lo que se traduce en un crecimiento considerable del presupuesto que, en su mayoría, se destinará a mejorar y aumentar la oferta programática. Además, la entidad contará con 2.250 trabajadores, de los cuales 1.400 corresponden a funcionarios de residencias de administración directa.

Los cambios apuntan, entre otros aspectos, a que el foco ya no es sólo la provisión de oferta o la supervisión de los programas en general. Lo central está puesto en el bienestar integral de cada menor en el sistema, independiente de su situación. Así, todos los procesos del Servicio tienen como objetivo principal la restitución de los derechos vulnerados y la reparación del daño causado por dichas vulneraciones. También se priorizará el acogimiento familiar por sobre el residencial, terminando así con el modelo de residencias masivas, y potenciando fuertemente los programas de familia de acogida.

Desde ahora, se establece la obligación de generar procesos de capacitación y formación continua a funcionarios del Servicio y de los Organismos Colaboradores, siendo esta última voluntaria actualmente en Sename. Asimismo, se determinan procesos de evaluación periódica y obligatoria de salud mental y física compatible con el cargo a todos los funcionarios, tanto del Servicio como de organismos colaboradores, especialmente a aquellos que trabajan en contacto directo con niños, niñas y adolescentes.

Acuerdo Nacional por la Infancia

El 2 de abril de 2018 el mandatario convocó a una Mesa de Trabajo para un Acuerdo Nacional por la Infancia,  conformada por 31 miembros representantes del gobierno, del Parlamento, de la Sociedad Civil y la academia. El acuerdo fue entregado el 30 de mayo de ese mismo año, convirtiéndose en una hoja de ruta para promover el desarrollo integral de todos los niños, niñas y adolescentes de Chile.

Con 94 medidas concretas de corto, mediano y largo plazo, el Acuerdo se basa en tres ejes de acción: Protección universal, Protección a niños, niñas y adolescentes en riesgo de vulneración de derechos, y Protección y restitución de derechos a niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados.

Los avances del Acuerdo están a cargo de 12 ministerios: Desarrollo Social y Familia, y un hito relevante de esta agenda es la apertura de 16 residencias familiares para menores en todo Chile, que apuntan a un modelo más personalizado y familiar de trato.