La sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó los cambios del Senado al proyecto que prohíbe y regula el uso de dispositivos digitales, como celulares, en establecimientos educacionales. Por efecto de lo anterior, la iniciativa quedó en condiciones de pasar al Ejecutivo a fase de promulgación como ley.
El texto prohíbe a partir del año escolar 2026 el uso de dispositivos móviles electrónicos de comunicación personal en los establecimientos educacionales que imparten educación básica y media.
Sin embargo, se establecen ciertas excepciones, para autorizar su uso en determinadas situaciones:
- Si el estudiante presenta necesidades educativas especiales, donde el uso de estos dispositivos móviles se considera como una ayuda técnica al servicio de sus aprendizajes. El hecho deberá acreditarse a través de un certificado de un profesional competente.
- En situación de emergencia, desastre o catástrofe.
- Si el alumno presenta una enfermedad o condición de salud, diagnosticada por un médico, que requiera monitoreo periódico a través de dispositivos móviles. Requerirá ser acreditado por un certificado médico.
- Cuando la utilización de estos dispositivos móviles sea útil para la enseñanza en función de la actividad curricular o extracurricular en educación básica o media.
- Si el padre, madre o apoderado lo solicita fundadamente y de forma temporal, solo por razones de seguridad personal o familiar del estudiante.
- Las excepciones relacionadas a actividades curriculares y la última mencionada, deberán ser autorizadas por el director del establecimiento.
Corresponderá a la Superintendencia de Educación materializar la prohibición, que se aplicará durante actividades curriculares dentro de la sala de clases y se extenderá a todos los integrantes de la comunidad educativa.
En el caso del nivel de educación media, los reglamentos podrán disponer espacios, horarios y actividades específicas en que la utilización de dispositivos móviles esté autorizada, atendiendo a la autonomía progresiva de los alumnos. A su vez, se dispondrán procedimientos, acciones y medidas para regular su uso adecuado y las consecuencias de su incumplimiento.
Se busca, además, que los establecimientos de educación parvularia, básica o media informen a toda la comunidad educativa, sobre el empleo responsable de los dispositivos móviles y sus riesgos. A su vez, que promuevan instancias formativas que prevengan su uso indebido o la comisión de delitos con tales medios.
La medida de prohibición se aplicará desde el inicio del próximo año escolar, fijando el 30 de junio como plazo final para actualizar los reglamentos internos. En 2030, el Ministerio de Educación entregará una evaluación de la medida.
Durante la discusión, los parlamentarios plantearon que la prohibición y regulación de dispositivos móviles en el aula es un avance, porque establecerá reglas claras al interior de los recintos educacionales. También destacaron que el proyecto aborde la desconcentración en el aprendizaje y el impacto en el rendimiento académico y en la convivencia escolar que provocan los celulares. Junto a esto, la ansiedad e impulsividad que generan las notificaciones de redes sociales y la pérdida de interacción social de niños y jóvenes.
De tal modo, se estimó que la medida contribuye a la salud mental de los alumnos y se resaltó que los docentes no tendrán una carga adicional, limitando el uso de celulares en una especie de rol policial.
Adicionalmente, se valoró que se incluya la educación digital como principio educativo y una campaña informativa anual de parte del Gobierno para orientar sobre los beneficios y riesgos del uso de pantallas.
Sin embargo, algunos legisladores cuestionaron la idea de delegar en los establecimientos un rol de educación que corresponde a los padres y que el Senado considerara la prohibición para toda la comunidad educativa, incluidos los profesores y asistentes de la educación.
