Los principales gremios productivos y organizaciones empresariales de la Región del Biobío manifestaron su preocupación por los efectos que podría generar el proyecto de ley de autocontrol de pesaje, actualmente en discusión en la Comisión de Obras Públicas del Senado, advirtiendo que su diseño actual podría provocar importantes dificultades operacionales, mayores costos logísticos y una pérdida de competitividad para distintas actividades económicas de la región y de la macrozona centro-sur.

Las organizaciones empresariales coincidieron en que es fundamental avanzar en medidas que permitan prevenir la circulación de vehículos con sobrepeso, proteger la infraestructura vial y fortalecer la seguridad de las personas, tal como indicó Álvaro Ananías, presidente de CPC Biobío.

Además, el dirigente gremial señaló que Biobío constituye una de las principales plataformas productivas y logísticas del país, con una importante actividad forestal, portuaria, industrial, agrícola, pesquera y de transporte. Por ello, agregó, “las modificaciones propuestas no solo afectarían a determinadas instalaciones, sino que podrían tener consecuencias sobre toda la cadena de abastecimiento, desde los puntos de origen de las materias primas hasta su procesamiento, distribución y exportación”.

En tanto, Alejandro Casagrande, presidente regional de CORMA Biobío y Ñuble, manifestó que “el sector forestal tiene una realidad operacional que debe ser considerada en este proyecto”.

Macarena Cepeda, presidenta de Pescadores Industriales del Biobío, sostuvo que “el proyecto de ley propone nuevas exigencias con la consiguiente pérdida de competitividad en la operación logística pesquera y podría generar una duplicidad en el registro de información ya que no se contemplan mecanismos de integración con otros organismos del Estado”.

Desde ASEXMA Biobío manifestaron su profunda preocupación por las medidas impulsadas por el Gobierno y el Parlamento, advirtiendo que aumentan los costos para las Pymes exportadoras y profundizan la crisis del comercio exterior en la región.

Su gerente, Alfredo Meneses, hizo un llamado urgente a considerar la realidad local “donde más del 50% del producto interno proviene del comercio del comercio exterior, por lo tanto, cualquier medida que genere algún nivel de ruido en nuestras plataformas de comercio exterior evidentemente que se hace resentir en aquello en que, para lo cual todos luchamos, que es generar empleo”.

Por su parte, José Miguel Stegmeier, presidente de SOCABIO enfatizó que “imponer una Ley de Pesaje que colapsa los nodos de distribución e interrumpe el flujo continuo de los camiones demuestra un desconocimiento absoluto de la logística agroexportadora”.

Desde IRADE, su presidente, Nelson Donoso, destacó la importancia de evaluar las implicancias de esta iniciativa desde una perspectiva integral del desarrollo regional. “Como región, enfrentamos importantes desafíos para fortalecer nuestra competitividad y atraer nuevas inversiones. Por eso, es fundamental que las regulaciones que se impulsen consideren sus efectos sobre la actividad productiva y logística” señaló.

“Compartimos plenamente la necesidad de proteger nuestra infraestructura vial y garantizar la seguridad, pero debemos avanzar hacia soluciones que sean efectivas y que no terminen generando mayores costos, duplicidad de controles o nuevas dificultades para las empresas. El Biobío necesita condiciones que faciliten su desarrollo, y para ello es clave incorporar la experiencia de los sectores productivos en el diseño de estas normativas”, enfatizó Donoso.

Cabe señalar que en julio pasado el seremi de Obras Públicas en Biobío, José Piña, explicó que la iniciativa busca complementar un sistema que ya opera en la práctica. Muchas empresas de transporte cuentan con mecanismos de pesaje propios e incluso algunos terminales portuarios se rigen por este sistema de forma voluntaria. “Lo que el MOP está realizando es abarcar de manera más plena el transporte de generación y transferencia de carga de alto tonelaje”, señaló.

Según Piña, la iniciativa apunta directamente a mejorar el control en la red vial nacional. “El sobrepeso no solo daña los caminos, también genera competencia desleal y se asocia a prácticas que escapan a la normativa. Al controlar el peso y las dimensiones, se protege a los camioneros que cumplen las reglas y se frena a quienes operan al margen de la ley”, agregó.

Llamado al Senado y propuestas regionales

Los gremios y organizaciones empresariales plantearon la necesidad de introducir modificaciones que permitan cumplir efectivamente el objetivo de proteger la infraestructura vial, sin generar nuevas barreras para el desarrollo productivo.

En ese sentido, llamaron a la Comisión de Obras Públicas del Senado “a revisar el diseño actual del proyecto e incorporar las observaciones de los sectores productivos del país, promoviendo un diálogo técnico que permita avanzar hacia una regulación efectiva, aplicable y acorde con las distintas realidades operacionales del país”.

Entre las observaciones, los dirigentes detallaron las siguientes:

• Priorizar la fiscalización en los puntos de origen y durante el trayecto, donde es posible prevenir que vehículos con sobrepeso circulen por las carreteras, en lugar de concentrar las obligaciones en instalaciones de destino, cuando el eventual daño ya se ha producido.
• Incorporar criterios de proporcionalidad y diferenciación según las características de cada actividad, reconociendo las particularidades de las faenas móviles, las instalaciones industriales, los recintos portuarios y los centros de transferencia de carga.
• Aprovechar los sistemas de pesaje y trazabilidad existentes, avanzar en mecanismos de interoperabilidad digital entre los organismos públicos competentes y evitar controles repetitivos que no contribuyan a mejorar la fiscalización.
• Establecer responsabilidades claramente definidas entre los distintos actores de la cadena logística, junto con plazos de implementación graduales y condiciones técnicas conocidas oportunamente, que permitan a las empresas evaluar y planificar eventuales inversiones.
• Ejecutar una evaluación de los impactos operacionales y económicos de las nuevas exigencias, considerando sus efectos sobre los costos de transporte, los tiempos de atención, la capacidad de las instalaciones, la competitividad regional y los proyectos de inversión logística.